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La censura digital Venezuela no empezó con las elecciones del 28 de julio. Desde hace décadas, la sociedad civil venezolana ha documentado violaciones al derecho al acceso a internet, además de haber un extensivo registro de políticas gubernamentales destinadas a controlar la infraestructura de telecomunicaciones y el flujo de información en línea, así como la violencia estatal contra periodistas y otras personas que utilizan medios digitales y redes sociales. Las tácticas de intimidación para disuadir a los usuarios de disentir de los mandatos del gobierno han acompañado muchas de estas acciones.
Estos hechos se han orquestado progresivamente, al tiempo que el Estado evolucionaba de una democracia a un régimen autoritario. En 2010, por ejemplo, se aprobó una ley de telecomunicaciones que le otorgaba al Poder Ejecutivo la potestad de regular todo el contenido accesible en internet en Venezuela. Todos los proveedores de servicios de internet (ISP por sus siglas en inglés) con sede en Venezuela tenían, y todavía tienen, la obligación de bloquear contenido según las instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un órgano administrativo.
En 2024, tras las elecciones presidenciales, el despliegue del aparato de vigilancia y control ha empeorado a un ritmo alarmante. Esto combina múltiples restricciones al acceso a la información, el acoso y la vigilancia sistemáticos, las amenazas constantes a las plataformas de redes sociales y el cierre y bloqueo de medios de comunicación y otros sitios y aplicaciones, incluyendo Signal, X (antes Twitter), Reddit, Microsoft, AWS Cloudfront y Mercado Libre, además de las amenazas de bloquear otros. Es pertinente recordar que el poder o no acceder a un sitio web o plataformas puede variar según el operador de servicios de internet y VPN que se esté utilizando.
Vigilancia intensiva e intimidación
El régimen de Maduro apuesta por el miedo como método de desarticulación de la población. Actualmente los casos de linchamiento digital a personas opositoras al régimen de Maduro, y el miedo a que puedan seguir ocurriendo, pueden generar un efecto inhibitorio en la población. El intensivo despliegue de sistemas de monitoreo y vigilancia violenta contra las libertades de prensa, expresión y asociación, restringiendo el accionar de la sociedad civil, periodistas y la ciudadanía en general.
A continuación recapitulamos algunas de las herramientas de vigilancia y control utilizadas:
- Interceptación de comunicaciones a través de proveedores de servicios: esta táctica de monitoreo tampoco es nueva en Venezuela. En 2021, Telefónica interceptó las comunicaciones en más del 20% de las líneas de teléfono o internet de sus clientes en el país. Los fiscales del Ministerio Público son uno de los entes con competencia para solicitar dichas intervenciones. En el contexto post electoral 2024, la Cancillería publicó un comunicado rechazando el Informe Preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU. El texto de gobierno hace referencia a llamadas y videollamadas entre los miembros del panel con el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de que hayan interferido en sus comunicaciones.
- Drones: en días posteriores a las elecciones múltiples ciudadanos reportaron el avistamiento de drones en el marco de un estado generalizado de militarización del país y protestas masivas. Un contacto local pudo confirmar a Access Now que los drones que sobrevolaron Caracas cuentan con sensores térmicos, aunque durante la noche de todas maneras encendían las luces de los aparatos, posiblemente para que la población se supiera vigilada. La preocupación es mayúscula toda vez que en 2022, especialistas en el tema indicaron que Venezuela podría ser el primer país de la región en contar con drones armados.
- Carnet de la Patria: lanzado en 2018 como un elemento del Sistema Patria, el uso del Carnet fue promovido por el gobierno. Sin el carnet, las personas venezolanas no pueden acceder a ayudas sociales y subsidios estatales. La falta de confianza de parte de la población en el gobierno ha hecho a muchas personas desistir del carnet y de los beneficios sociales. No hay una ley de protección de datos en Venezuela ni división de poderes que la pudiera respaldar.
Además de los riesgos de vulneración asociados a mantener múltiples datos centralizados en una sola base, el carnet representa un riesgo de abuso gubernamental, invasión a la privacidad y control comunitario, sobre todo si la información se cruza con otras bases de datos. El récord de violaciones a derechos humanos de la empresa china ZTE, desarrolladora del carnet, también es relevante. Anteriormente la empresa también apoyó medidas autoritarias de otros gobiernos, incluyendo ayudar a limitar el tipo de información a la que el pueblo iraní podía acceder en línea en 2013. - Cultura del “soplón”: por décadas el gobierno ha incentivado a los ciudadanos a delatar a quien se oponga al accionar del régimen. Bajo el nombre de “Operación Tun Tun” tras las elecciones el gobierno insiste en reportar “traidores de la patria” a través de la aplicación VenApp, inhabilitada para descarga en Apple App Store y Google Play Store tras múltiples denuncias.
Al igual que el Carnet de la Patria, Venapp instrumentaliza las necesidades de la población para incentivar el uso de tecnología que deriva en la creación de bases de datos que facilitan el monitoreo y control estatal: en el primer caso siendo la única vía para acceder a muchos apoyos sociales; y en el segundo promoviéndose como una herramienta para reportar fallas y cortes en los servicios, un problema recurrente en Venezuela.
Las redes sociales también han sido caldo de cultivo para la difusión no consentida de información personal de terceros (doxxeo) por parte de la población en general, y como medio de intimidación por parte de autoridades. También se reportan casas de opositores marcadas en algunos barrios de Caracas.
De acuerdo con el propio gobierno venezolano, actualmente hay más de 2.000 personas detenidas. La opacidad de las autoridades impide conocer la correlación entre personas delatadas y personas detenidas, pero el llamado a denunciar a la oposición a través de mecanismos oficiales y no oficiales es de por sí alarmante y empuja a un estado de alerta permanente. La familia y los vecinos son puntos de apoyo clave en las comunidades. Cuando el vecino se convierte en el enemigo, el tejido social se rompe y puede llevar un largo tiempo repararlo.
¿Cómo apoyar a la sociedad civil de Venezuela?
El agitado mundo en el que vivimos y la presión constante sobre los medios y plataformas de comunicación para brindar información actualizada facilitan que otros eventos internacionales desvíen la atención de Venezuela, minimizando la cobertura y atención a la crisis en curso. Mantener el tema vivo en redes, prensa y organismos internacionales es fundamental para continuar ejerciendo presión para que se transparenten los múltiples abusos e irregularidades reportadas.
Algunas formas en las que se puede continuar apoyando a las organizaciones de sociedad civil en Venezuela incluyen:
- Informarse y amplificar el contenido de organizaciones locales fidedignas, como VE Sin Filtro, RedesAyuda, Probox y prensa local, como Efecto Cocuyo y Caracas Chronicles. Las organizaciones locales están volcadas en documentar y dar seguimiento a cuanto pueden. Difundir su trabajo y amplificarlo en inglés y otros idiomas no solo ayuda a eludir la desinformación sino que facilita el alcance internacional.
- Firmando y distribuya la Carta abierta sobre la violencia política posibilitada por la tecnología en Venezuela. La carta, que cuenta ya con alrededor de 200 firmas y consolida muchas de las preocupaciones de sociedad civil, puede ser firmada tanto a título personal como como organización.