Maduro debe mantener el acceso a internet en épocas de protesta y conflicto

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Las organizaciones abajo firmantes y los miembros de la coalición #KeepItOn exigen que el régimen de Nicolás Maduro ponga fin a los apagones de internet y al bloqueo de plataformas de comunicación esenciales en Venezuela.

Como represalia a las manifestaciones que siguieron a las elecciones en Venezuela, la administración de Maduro endureció su control del ejercicio de los derechos fundamentales tanto online como offline. Cuando el pueblo venezolano tomó las calles para oponerse al resultado de las elecciones generales de 2024 que declararon ganador a Maduro, las autoridades venezolanas recurrieron a apagones de internet, censura de opiniones disidentes y otras tácticas de represión digital con el fin de silenciar, intimidar y atacar a la crítica.

En la madrugada del 1 de agosto, con la intensificación de las protestas y el aumento de la presión internacional, el proveedor estatal de servicios de internet CANTV y su subsidiaria Movilnet se desconectaron en todo el país durante casi dos horas. Desde entonces, continuaron las interrupciones intermitentes a nivel nacional y regional, pero no está claro aún si se impusieron de manera intencional o si fueron la consecuencia de la inestabilidad generalizada de la infraestructura de telecomunicaciones y la red eléctrica de Venezuela, ya que se han deteriorado gravemente debido a la negligencia del Gobierno de Maduro.

A medida que las protestas se intensificaban en el país, Maduro culpó a las grandes empresas tecnológicas y a las plataformas de redes sociales de impulsar las protestas y el conflicto en Venezuela. El 8 de agosto, Maduro ordenó el bloqueo de la plataforma X durante una transmisión de televisión en vivo. Dicho bloqueo, que debía durar 10 días, aún sigue en pie en el país. Otras plataformas, como Reddit y Microsoft Teams, también estuvieron bloqueadas durante al menos seis días. Maduro acusó a TikTok, Instagram y X de “querer una guerra civil” en Venezuela y expresó su intención de regular o bloquear tales plataformas. A la fecha de esta publicación, aún se puede acceder a TikTok e Instagram en el país. Estos bloqueos intencionados de plataformas vienen acompañados de censura generalizada en un entorno mediático que ya sufría de graves restricciones.  Las autoridades han censurado a la mayoría de los medios de comunicación independientes de Venezuela, bloqueando 62 sitios web de medios de comunicación en el periodo previo a las elecciones y durante las mismas. Al menos 55 de estos medios siguen bloqueados. Durante al menos dos días, la empresa estatal de telecomunicaciones CANTV interrumpió el acceso a AWS Cloudfront, servicio que utilizan innumerables agencias de noticias, servicios de streaming, minoristas en línea, y demás, para distribuir sus contenidos. Además, también apuntó de forma selectiva contra las VPN que permitirían a las personas eludir los constantes bloqueos de plataformas y sitios web.

El 8 de agosto, las autoridades también bloquearon el sitio web y la aplicación de Signal, un servicio de mensajería cifrada, sin dar explicación alguna. Además de los bloqueos directos de plataformas llevados adelante por medios técnicos, Maduro también recurrió a la desinformación para crear una atmósfera de temor en torno al uso de plataformas de comunicación seguras e instó a sus simpatizantes a dejar de usar WhatsApp, de Meta, con el argumento de que a dicha plataforma la usan “fascistas” para propagar violencia. Recomendó que empezaran a utilizar plataformas alternativas, como Telegram o WeChat, que no usan cifrado de extremo a extremo como Signal y WhatsApp. Activistas advirtieron que la decisión de forzar a las personas a usar plataformas menos seguras probablemente pondrá en mayor peligro a quienes critican el régimen y los expondrá a más vigilancia o arrestos arbitrarios. Este hecho es muy preocupante en el contexto de doxeo, vigilancia y detenciones arbitrarias generalizadas de defensores de derechos humanos y cualquier persona que se atreva a expresar una postura opuesta. 

Activistas de derechos humanos repudiaron la restricción masiva de estas plataformas esenciales de comunicación como parte de las estrategias del Gobierno para impedir que activistas locales se comuniquen con el mundo exterior. 

En el contexto de las crecientes protestas contra los resultados de las elecciones, que muchos describieron como fraudulentas y antidemocráticas, y con las fuerzas de seguridad arrestando o deteniendo a miles de personas críticas del Gobierno, el acceso a internet y las plataformas digitales es más importante que nunca, ya permite a activistas de derechos humanos y la comunidad internacional monitorear y registrar los abusos a los derechos humanos y responsabilizar al régimen de Maduro.

Venezuela tiene un terrible historial de apagones y abusos de los derechos humanos

El Gobierno de Maduro tiene un largo historial de empleo de apagones de internet durante épocas de conflicto civil e inestabilidad política para así controlar el flujo de la información y reprimir la disidencia. Access Now y la coalición #KeepItOn han registrado al menos 15 incidentes de apagones en Venezuela entre 2018 y 2023, implementados para acallar protestas, atacar actividades de la oposición y controlar el flujo de la información. En 2023, las autoridades interrumpieron el acceso a internet en distintas localidades cercanas a Caracas el 22 de octubre por varias horas, momento en el que se realizaba una elección primaria para votar a candidatos de la oposición. En 2019, las autoridades impusieron al menos 12 apagones para poner freno a las manifestaciones en el país. 

Los apagones violan los estándares internacionales de derechos humanos

Interrumpir el acceso a internet durante eventos nacionales clave, como protestas o elecciones, está prohibido por el derecho internacional. Los apagones de internet violan los derechos fundamentales de las personas a la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de asociación. Los apagones de internet y la censura de las plataformas digitales violan el artículo 57 de la Constitución de Venezuela, que expresa: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.

A escala mundial, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a los que Venezuela suscribe, garantizan el derecho fundamental a la libertad de expresión. Otros instrumentos internacionales también repudian los apagones de internet, como la Resolución 47/16 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena “la interrupción del acceso a internet para impedir o perturbar, de forma intencional y arbitraria, el acceso a la información en línea o su difusión”.

Llamada a la acción

La situación de los derechos humanos en Venezuela está en riesgo de deteriorarse aún más, puesto que Maduro y sus simpatizantes se encuentran considerando adoptar un proyecto de ley sobre ciberfascismo y crear un Consejo Nacional de Ciberseguridad que fortalecería el régimen para encarcelar periodistas, activistas y disidentes; descalificar a candidatos políticos; e imponer multas a quienes expresen críticas por comentarios que se consideren “prohibidos”.

En vistas de que las tensiones aumentan y el Gobierno se encuentra pensando nuevas maneras de silenciar las voces críticas y atacar a activistas de derechos humanos y disidencias en el país, exhortamos a la comunidad internacional, incluida la Freedom Online Coalition (FOC), las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a unirse a nosotros y pedir el cese de las medidas severas en Venezuela y responsabilizar a Maduro de todos los abusos a los derechos humanos. Los constantes apagones de internet, censuras y otras violaciones habilitadas por la tecnología están achicando aún más el ya casi inexistente espacio cívico del país.

Condenamos enérgicamente el continuo uso de medidas severas contra los derechos humanos tanto en línea como fuera de ella en todo Venezuela, el empleo de apagones de internet y los ataques a las plataformas de redes sociales para reprimir a la disidencia. Instamos a Maduro y sus aliados a poner fin a los apagones de internet y a las demás tácticas que implementan actualmente en todo el país para suprimir la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la libre reunión y asociación.

Firmantes