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Press under Attack – Digital Strategies to Intimidate Journalists in Latin America

Prensa bajo ataque: estrategias digitales para amedrentar a periodistas en América Latina

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Los ataques digitales a la prensa en América Latina empezaron este año desde el mes uno. Las escandalosas revelaciones sobre el uso del software espía Pegasus en El Salvador parecieron marcar el tono de los obstáculos a los que periodistas y medios se enfrentaría durante el 2022, no solo en dicho país sino en la región. 

Los contenidos incómodos para grupos con poder, sean autoridades, empresas o crimen organizado, hacen de la prensa un objetivo de ataque. Sumado a esto, la corrupción y la tenue división de poderes en algunos países hace difícil saber a ciencia cierta con quién se está tratando o si será posible encontrar transparencia, protección y justicia en la lucha por reivindicar los derechos vulnerados. 

El alcance de las nuevas tecnologías, si bien ha servido para potencializar derechos humanos, también ha facilitado el ataque y silenciamiento de manera personal y sistemática a periodistas, y de manera general a los medios de comunicación, dos blancos que se interrelacionan pero que se ven afectados de distintas maneras. 

Con miras a entender posibles tendencias en el 2023, recapitulamos algunas estrategias de ataques digitales a la privacidad y a la libertad de expresión de medios y periodistas en América Latina. 

Ataques a la privacidad

El Salvador

De la mano de otras organizaciones, en enero hicimos público que 35 personas eran víctimas confirmadas de Pegasus en El Salvador. De este grupo, la amplia mayoría -31 personas- trabajaban en medios de comunicación o eran periodistas o columnistas independientes. El gobierno negó estar involucrado con las infecciones y la investigación por parte de la Fiscalía se ha caracterizado por su lentitud.

Además de esto, a lo largo del año, las autoridades salvadoreñas se encargaron de realizar una serie de ajustes en las políticas públicas que levantaron las alarmas por su potencial capacidad de reducción del espacio cívico y también periodístico. En materia de riesgos a la privacidad destacan a) la reforma del código penal para incorporar la figura del “agente encubierto digital”, que permitiría “operaciones encubiertas digitales” una vez que el fiscal general -y no un juez- dé su visto bueno. Y b) la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, actualmente pendiente de publicación en el diario oficial para su entrada en vigencia. La reforma requiere la entrega de información por parte de las empresas de telecomunicaciones sobre registros de llamadas y comunicaciones electrónicas. La Asociación de Periodistas de El Salvador recordó que es necesario que la ley garantice que la reforma no será “un instrumento de persecución a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.


México

Presidencia anunció que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) será la encargada de colocar las antenas y torres del programa “Internet para todos”, algunas de las cuales estarían ubicadas en cuarteles. La designación es particularmente inquietante tras las informaciones filtradas por el grupo Guacamaya, donde se muestran las diversas actividades de espionaje de dicha institución. Los retos para asegurar la seguridad y privacidad del internet podría afectar especialmente a radios comunitarias y rurales, que habitualmente tienen menos opciones para acceder a dicho servicio.

Además, organizaciones locales e internacionales denunciaron el espionaje con Pegasus de tres nuevas víctimas, entre ellos un periodista. Días después se sumaría también el caso de un diputado de oposición. La denuncia choca de frente con las declaraciones de presidencia, tanto antes como después de las revelaciones, indicando que el actual gobierno no espía. 

Ataques a la libertad de expresión

Brasil

La periodista Patrícia Campos Mello ha manifestado  que la violencia en línea es la nueva forma de censura, pues en la actualidad se inundan las redes sociales con desinformación y, en paralelo, se hacen campañas de intimidación y difamación.


Cuba

Tras el reporteo de las protestas  del 11 de julio de 2021,  periodistas de “El Toque” acusan que desde entonces y hasta la fecha, el gobierno ha buscado entorpecer el trabajo periodístico a través de la desconexión o ralentización del servicio de internet. 

De manera similar, el periodista Carlos Manuel Álvarez ha manifestado, que portales periodísticos incómodos para la dictadura son bloqueados y hostigados, como es el caso de “El Estornudo”.

No conforme con la persecución a medios y periodistas, en Cuba se toman medidas extremas como lo son los bloqueos de acceso a internet. Medios de comunicación han denunciado que durante las protestas ciudadanas el proveedor de servicios de internet (Etecsa), situación que también ha sido documentada en los informes Access Now y la coalición de #KeepItOn.


El Salvador 

La Asamblea Legislativa -controlada por el Ejecutivo- ha aprobado una medida que sanciona a cualquier persona, incluidos periodistas, que comparta información sobre grupos criminales. La reforma legislativa es conocida coloquialmente como Ley Mordaza y su incumplimiento implica enfrentar hasta 15 años de prisión. Esta situación genera un efecto de censura previa para evitar que los medios puedan reportar sobre los problemas relacionados con las pandillas y la gran cantidad de temas relacionados con violaciones a derechos humanos en el marco de las medidas de seguridad en el país.

Además de las legislaciones que buscan criminalizar a periodistas y medios de comunicación, se suman incentivos para encontrar soluciones tecnológicas de ciberpatrullaje en redes sociales. El monitoreo de este tipo de plataformas, sin contar con salvaguardas suficientes, ya ha mostrado en otras latitudes ser una estrategia que es abusada para remover contenidos como se ha reportado en el caso de México

Otro factor de riesgo son las amenazas digitales a las que son sometidos los medios de comunicación y las personas periodistas que en muchas ocasiones son blancos de ataques coordinados por parte de “trolls” que, como se ha señalado por periodistas y la  Sociedad Interamericana de Prensa, suelen ser contratados por parte de agentes gubernamentales.


Nicaragua

Durante el 2020 se aprobaron diversas leyes con el objetivo de contar con un marco normativo que legalizara la persecución de opositores y periodistas con sanciones de cárcel. Entre estas leyes se encuentra la Ley de Agente Extranjero, la Ley de Cadena Perpetua y la Ley de Ciberdelitos. 

Como resultado se han documentado casos donde personas periodistas han sido declaradas culpables por cometer delitos cuando reportaban la realidad del país. Ejemplo de ello es el caso del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien fue declarado culpable por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, incluido en la Ley de Ciberdelitos, misma que ha permitido a la Fiscalía pedir nueve años de prisión.


México

En los últimos años, México ha sido uno de los países con mayor número de periodistas asesinados.En el caso de las mujeres periodistas, ellas se enfrentan a un doble desafío: los ataques inherentes a su profesión y el contexto de violencia generalizada en contra de las mujeres que también es minimizado e invisibilizado. Esto ha permitido un incremento en la violencia digital dirigido a mujeres periodistas que suelen ser objeto de ataques, que de acuerdo con el reporte de International Center for Journalists (ICFJ) y UNESCO, incluyen amenazas de violencia física y sexual (incluidas las amenazas de muerte), doxxing, trolling, vídeos falsos, robo de identidad, campañas de desprestigio, acoso penal, acoso sexual y censura mediante la eliminación injustificada de contenidos por parte de las plataformas. 

Repercusiones

Las medidas de vigilancia, intromisiones a la privacidad, creación de legislaciones para sancionar actividades periodísticas, la remoción de contenidos, los bloqueos de sitios de  internet, las interrupciones del acceso a internet y la persecución a través de mecanismos legales desencadenan un efecto inhibitorio en las víctimas con la intención de silenciarlas de forma inmediata o que se desistan de seguir informando. 

En lo que respecta a las medidas de vigilancia y las intromisiones a la privacidad, a diferencia de otros tipos de censura en los que el contenido se bloquea o elimina, cuando el ataque es dirigido -como en el caso de Pegasus- el temor por la seguridad propia, y la de los seres queridos y colegas, es un incentivo adicional para la autocensura. 

El impacto de la vigilancia dirigida en víctimas mujeres suele sumar un componente de temor sobre el uso de la información obtenida relacionada a sus cuerpos, donde las amenazas y difamaciones pueden tener una implicación sexual; sumado a ello, las mujeres periodistas suelen limitar su trabajo, retirarse o aislarse de los espacios de debate público en el entorno digital para evitar ser blanco de ataques.

En el caso de las reformas que amplían las facultades del estado para remover contenido, sancionar cierto tipo de expresiones en línea o de irrumpir en la privacidad de la ciudadanía, preocupa el potencial abuso de las nuevas figuras y herramientas, donde los principios de necesidad y proporcionalidad podrían relegarse a un segundo plano. Esto sin mencionar la ausencia de contrapesos y mecanismos de transparencia que puedan evidenciar el uso abusivo de este tipo de normas. 

Finalmente, para hacer frente a las adversidades en seguridad digital que tienen que afrontar las personas periodistas y otros grupos vulnerables, la Línea de Ayuda en Seguridad Digital de Access Now  ofrece asistencia técnica y asesoramiento directo en tiempo real. 

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