A inicios de año, Access Now, Amnistía Internacional y Citizen Lab presentamos un reporte que demuestra con pruebas forenses del uso del spyware Pegasus en El Salvador. El sistema fue utilizado para intervenir 37 dispositivos pertenecientes a periodistas e integrantes de la sociedad civil. El ataque fue de tal magnitud que incluso un dispositivo llegó a ser infectado más de 40 veces.
El gobierno salvadoreño no ha tenido una respuesta contundente frente a esta denuncia. En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había expresado su preocupación frente al caso, la fiscalía general de la nación aseguró estar investigando lo sucedido. Sin embargo, aún con la investigación abierta, descartaron la idea de que el perpetrador haya sido el gobierno, pese a que la empresa NSO Group, desarrolladora de Pegasus, reconoce que solo le vende sus productos a gobiernos.
Para agravar esta situación y justificándose en el actual estado de emergencia (extendido por segunda vez el 25 de mayo), el gobierno anunció que redireccionará más de 10 millones de dólares para la adquisición de “una plataforma tecnológica de vanguardia” que será utilizada en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.
Los detalles de esa tecnología y los recaudos que se tomarán para evitar abusos de derechos humanos son desconocidos. La falta de transparencia y los antecedentes del gobierno presentan un escenario de alto riesgo para el periodismo y el activismo en el país, especialmente porque esta amenaza se suma a numerosas políticas públicas dirigidas a limitar ilegítimamente derechos fundamentales, como las siguientes:
Proyecto de ley de agentes extranjeros
El proyecto de ley de agentes extranjeros obligaría a las organizaciones de sociedad civil que reciban financiamiento externo a inscribirse en un registro y a pagar un impuesto del 40%. Esta ley permite al gobierno controlar a las organizaciones al tener la potestad de negarles su inscripción, solicitarles información que puede ser sensible y fiscalizar sus actividades. Cabe destacar que una ley similar fue sancionada en Nicaragua y utilizada por Ortega para encarcelar a referentes de la oposición y cancelar la personería jurídica de más de 40 organizaciones.
Ampliación del alcance de la ley de delitos Informáticos
El Congreso salvadoreño aprobó la reforma del Código Procesal Penal para incluir la creación del “agente encubierto digital”. Esta figura implica la posibilidad de llevar a cabo espionaje digital sin la orden de un juez, requiriendo únicamente la autorización del fiscal general (impuesto por el gobierno oficialista).
Reforma a la ley de proscripción de organizaciones de naturaleza criminal
Esta nueva ley pretende castigar a quienes por cualquier medio reproduzcan o transmitan mensajes de toda naturaleza relacionados a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales. Quienes incumplan con la ley podrán enfrentarse a de 10 a 15 años de prisión. Esta regulación afecta a la libertad de expresión al censurar a los medios periodísticos que frecuentemente realizan publicaciones en relación a estos grupos en pos del interés general.
Enmendar el daño
Las instituciones estatales de El Salvador deben velar por la protección de los derechos humanos e implementar de inmediato una moratoria al uso de Pegasus al tiempo que investiga de forma transparente las infecciones realizadas con el software espía en el país. Es urgente que El Salvador empiece a cumplir con las recomendaciones y medidas cautelares de la CIDH para la protección del trabajo periodístico.
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