https://www.accessnow.org:443/pegasus-el-salvador-estado-cidh/
Spyware

Pegasus El Salvador: Las preguntas que el Estado no respondió frente a la CIDH

El 16 de marzo del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública para abordar las dudas y preocupaciones en torno a las revelaciones del uso del software espía Pegasus en El Salvador. A pesar de los cuestionamientos por parte de la sociedad civil presente y por la propia CIDH, el conjunto de representantes del Estado salvadoreño dejó preguntas fundamentales sin responder, mostró incoherencias y redundó en detalles que poco se relacionaban con el tema de la convocatoria.

Contradicciones e incoherencias

El señor Jaime Rivera, jefe de la Unidad de delitos relativos a la vida e integridad física de la Fiscalía General de la República, y representante del Estado en la audiencia, indicó que “el Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento, o estigmatización hacia personas o entidades críticas a la gestión del gobierno”. La aseveración se contradice con los múltiples registros de acoso del Estado salvadoreño hacia periodistas. Tal como indicaron César Fagoaga de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Arnau Baulenas, abogado del medio periodístico El Faro, no corresponde indicar que un actor está libre de responsabilidad cuando hay un proceso en curso y no se han determinado los culpables.

El señor Rivera también indicó que “esta situación [el uso de Pegasus en El Salvador] ha vulnerado dispositivos y comunicaciones de empleados y funcionarios estatales, aunque en esta audiencia se ha dado relevancia a la afectación que pudo ocurrir a periodistas y medios críticos al gobierno”. Lo cierto es que si bien múltiples actores recibieron la notificación de Apple que alertaba de un posible espionaje, los registros públicos actuales sobre casos efectivamente confirmados se refieren exclusivamente a periodistas y sociedad civil. Por lo demás, el potencial espionaje de actores estatales por parte de un mismo gobierno no es algo inusual, como se muestra en el caso de Pegasus en Israel. Además, como bien señaló la Segunda Vicepresidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, el que haya o no funcionarios estatales siendo vigilados “no responde a lo que ha pasado específicamente a los periodistas”.

El representante del Estado también refirió que “no obstante haberse citado y que se enviaran declaraciones de los denunciantes en su momento, no han querido [Sociedad Civil] proporcionar los detalles de las víctimas, o de las supuestas personas que han sido intervenidas en sus equipos celulares, eso obviamente representa un obstáculo para efectos de la investigación y la eficacia de las técnicas de investigación nuestras”. Sin embargo, el listado de las víctimas que decidieron hacer su nombre público fue publicado el propio día que se reveló la información. El hecho de que un grupo de víctimas haya decidido no revelar su identidad es producto del efecto intimidante que una violación a la privacidad de este calibre puede generar en las mismas por temor a amenazas a su integridad física y emocional, así como las de sus seres queridos, colegas y fuentes. El señor Rivera parece desconocer además que no es necesario conocer la identidad de todas las víctimas para iniciar y proceder con una investigación de oficio por parte de la entidad que representa.

Además, César Fagoaga (APES) le hizo saber al señor Rivera que le entregó al Fiscal Naún Alvarado Ramírez “en su mano una copia, ya traducida al español para que no tuviera ningún problema, del informe que es público de Citizen Lab”, por lo que no hay duda de que el Estado cuenta desde hace (al menos) semanas con la información base de los hechos denunciados. Fagoaga también indicó que “sorprende y es muy lamentable que la Fiscalía responsabilice de la falta de investigación a las víctimas en este caso”, hecho al que también se refirió el señor Baulenas de El Faro al indicar que “constitucionalmente quien tiene el peso de la investigación independiente bajo principio de objetividad es la Fiscalía”.

Preguntas sin responder

Varios representantes de la CIDH y la sociedad civil hicieron cuestionamientos al Estado salvadoreño en torno a las características de la investigación que la Fiscalía señala está abierta. En concreto:

  • La Presidenta relatora para El Salvador y para los derechos de las mujeres, Julissa Mantilla: “¿qué medidas específicas están dando para la investigación en general […] pero de manera específica para la situación de las mujeres?”

  • La Segunda Vicepresidenta, Margarette May Macaulay: “¿específicamente qué ha estado haciendo [el Estado] y cuánto tiempo va a tomar esta investigación por violaciones tan graves de derechos?”; “¿qué está pasando con los instrumentos que se graban y con la información que se obtiene de manera irregular, por no decir ilegal?”

  • Comisionada Roberta Clarke: “¿cuáles son los términos de la investigación, cuál es la agencia responsable de esa investigación, y cómo se asegura la independencia, imparcialidad de esa investigación? ¿Cuándo comenzó esta investigación y cuál es el estado de la misma, y a quién se ha consultado durante la investigación?”; “¿existe algún plan […] en torno a la cibervigilancia y corregir su regulación de manera adecuada?”

  • Relator de libertad de expresión, Pedro Vaca: “¿cómo han sido los niveles de cooperación judicial con la empresa NSO Group, cómo han sido los niveles de cooperación dentro de las distintas instituciones del Estado?”; “¿cuáles serían los criterios para el procesamiento de la información en caso de que se llegue a ubicar?”

  • Comisionado y Relator para Costa Rica, Carlos Bernal Pulido: “¿a qué se refiere el representante del Estado cuando dice que los periodistas tienen el deber de ejercer la libertad de expresión y de prensa de manera correcta?”

  • Director de El Faro, Carlos Dada: “¿han llamado a consultas al embajador salvadoreño en Israel”; “han tenido comunicación o han hecho un reclamo formal al Estado israelí”; “¿pueden hacer público el intercambio de cartas con el Estado israelí?”

A pesar de las múltiples aristas que se busca conocer sobre la investigación por parte de la Comisión y las víctimas, la representación del Estado básicamente indicó que deseaban “reiterar el tema de la existencia de casos y la investigación”, que “son delitos complejos [… y ] no es fácil, pero sí reitero el acompañamiento en este tema”, y que “toda la evidencia que recolecte la Fiscalía en una investigación es sometida a supervisión del juez”, lo que resulta en una respuesta escueta y general que no ahonda en las especificidades solicitadas por la CIDH ni permite conocer el avance de la investigación.

En relación a las medidas que se han tomado específicamente para la situación de las mujeres víctimas del espionaje con Pegasus, el representante del Estado indicó apenas que la creación de la “Fiscalía adjunta en favor de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, grupos de vulnerabilidad y grupos LGBT” permite “enfocar más recursos hacia este tipo de delitos”, sin referirse realmente a si existe un enfoque de género en la investigación.

El representante del Estado salvadoreño en ningún momento se refirió a las preguntas sobre el tratamiento de los datos extraídos, ni a la pregunta del Relator para Costa Rica sobre el significado de “el ejercicio correcto de la libertad de expresión y prensa”.

Urge transparencia

Entendemos que una audiencia pública cuenta con tiempo limitado para contestar tantas dudas sobre un caso tan complejo, pero como indicó la señora May Macaulay, “parece que no hay urgencia” por parte del Estado en avanzar la investigación. El Estado salvadoreño debe priorizar una investigación independiente, rigurosa y efectiva, por lo que exigimos:

  • Implementar una moratoria inmediata sobre la venta, la cesión y el uso de este tipo de tecnología de vigilancia hasta que se adopten las salvaguardas de derechos humanos que correspondan.
  • Responder a todas las preguntas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la sociedad civil durante la audiencia o por otros medios, y hacer las respuestas públicas.
  • Asegurar la protección de periodistas para que puedan continuar con su labor de manera segura e independiente.
  • Permitir la visita de la CIDH en el país, garantizar la seguridad de sus representantes durante la misma, y colaborar con los requerimientos que expongan.

Sigue las cuentas de Access Now para Latinoamérica:

Twitter  |  Instagram

Help keep the internet open and secure

Subscribe to our action alerts and weekly newsletter
  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Your info is secure with us.