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Cuatro señales de autoritarismo digital en México 

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Las revelaciones de Pegasus están en los titulares de todo el mundo. Pero en México, el uso del software espía de NSO Group para atacar a la sociedad civil es una noticia relativamente antigua, y hay mucho más de qué preocuparse cuando se trata de derechos digitales. Oficiales públicos están implementando políticas dañinas, excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil de la mayoría de las conversaciones y adoptando una postura ofensiva hacia quienes les critican. Esto ha resultado en una crisis de derechos digitales en México, con autoridades imitando las políticas y tácticas de regímenes autoritarios. A continuación, exploramos cuatro desarrollos clave y explicamos por qué la comunidad internacional debería prestar atención a las señales de autoritarismo digital en México.

Organizaciones de la sociedad civil de México dan la alarma en RightsCon

Durante la conferencia de RightsCon, el 11 de junio de este año, organizaciones de la sociedad civil mexicanas se reunieron con representantes de organismos e instituciones internacionales para discutir los muchos problemas que enfrenta México y llamar la atención internacional. Estas son algunas de las iniciativas más preocupantes, las reflexiones que compartieron los y las panelistas, y por qué advierten que el gobierno de México se está moviendo hacia el autoritarismo.

Cuatro jugadas del libro de los regímenes autoritarios

1. México aumenta el despliegue de tecnología de vigilancia, a pesar de Pegasus

En los últimos años, el gobierno mexicano ha aumentado paulatinamente sus capacidades de vigilancia. En 2017, la ciudadanía mexicana se enteró de que su gobierno estaba usando el software espía Pegasus de NSO y ahora la investigación de Forbidden Stories prueba que se ha utilizado para seleccionar, apuntar o infectar los teléfonos de al menos 15.000 personas en México, desde periodistas hasta Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente del país. Durante más de cuatro años ha habido una investigación abierta sobre Pegasus, pero sin grandes avances. Mientras tanto, hay evidencia de que el gobierno actual está adquiriendo más herramientas de vigilancia. Uno de los sistemas permite a las agencias públicas geolocalizar más de 130.000 números de teléfono, a pesar de que las órdenes judiciales autorizaron la medida solo para 130 teléfonos.

El gobierno de México también utiliza tecnología de reconocimiento facial peligrosa y dañina sin regulaciones ni supervisión. Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, y Jean-Pierre Bou de la Delegación de la Unión Europea en México, coincidieron en que México debe revisar sus leyes actuales y realizar una investigación independiente para garantizar límites claros al poder de vigilancia del gobierno sobre la población y asegurar el cumplimiento de los derechos universales y los principios del derecho internacional como los de necesidad y proporcionalidad.

Para preservar el enfoque democrático de los derechos digitales, el gobierno de México debe evitar replicar las tácticas de los regímenes autoritarios. En China, el gobierno utiliza cámaras de reconocimiento facial para perseguir a la comunidad musulmana Uigur. En Indonesia, el gobierno lo usa para perseguir a la población LGTBQ+, así como para reprimir la disidencia política, investigando a quienes critican al presidente y a otros funcionarios del gobierno. Este es el camino que debe evitar México.


2. México está creando una base de datos biométricos masiva para identificar a todas las personas que utilizan un teléfono móvil

El 13 de abril, el Senado mexicano aprobó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, creando un registro obligatorio de las tarjetas SIM de telefonía celular de la población, asociado a sus datos biométricos. Esta es una amenaza directa a la libertad, la privacidad y la seguridad de toda la ciudadanía. El registro no solo viola la presunción de inocencia, tratando a todos los usuarios y las usuarias de teléfonos móviles como si fueran delincuentes, sino que es costoso y crea una base de datos que resulta un objetivo muy atractivo para los ciberataques. Como explicó Luis Fernando García, Director Ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales, en RightsCon, “nuestro derecho a acceder a las tecnologías de la información (derecho que es reconocido en la constitución) será coartado”.

Ningún país completamente libre o democrático requiere que las personas proporcionen datos biométricos altamente sensibles para la compra de una tarjeta SIM. Entre los otros 12 países que están desplegando esta táctica autoritaria se encuentran China, Arabia Saudita, Pakistán, Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos. En Myanmar, antes del golpe, el gobierno expandió sus capacidades de vigilancia utilizando el registro obligatorio de la tarjeta SIM, lo que permitió a las autoridades monitorear, identificar, acosar y perseguir a miembros de grupos minoritarios o a cualquier individuo que se oponga al gobierno. Al igual que en Myanmar, México no ha implementado las protecciones adecuadas para la recopilación de datos biométricos, ni las agencias gubernamentales mexicanas que realizan la vigilancia se han comprometido con la transparencia.


3. El Senado de México amenaza con iniciativas de responsabilidad para las plataformas de internet y propone leyes de “noticias falsas” que permitirían la censura

El 8 de febrero, el senador Ricardo Monreal hizo pública su iniciativa sobre regulación de redes sociales, proponiendo medidas que atentan contra la libertad de expresión. La propuesta requeriría que las plataformas de redes sociales con más de un millón de usuarios estén autorizadas por el regulador de telecomunicaciones de México para ofrecer sus servicios en línea, un requisito que ningún otro país democrático ha implementado. Las plataformas también tendrían que implementar políticas para censurar contenidos de acuerdo a términos amplios, vagos y ambiguos, como “eliminar la propagación de mensajes de odio”, “prevenir la propagación de noticias falsas” y “proteger los datos personales”. Todo esto abre la puerta al potencial control gubernamental del flujo de información en línea.

Gabriela Gorjón, integrante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, advierte “Hay que tener cuidado: el establecimiento de nuevas reglas de comunicación que crean un nuevo conjunto de obligaciones legales para las plataformas … pueden implicar nuevas oportunidades para el abuso de poder por parte de los gobiernos”. Eso es exactamente lo que ha estado sucediendo desde 2018, cuando muchos gobiernos autoritarios, como Nicaragua, Bielorrusia y Malasia, adoptaron medidas similares para silenciar las críticas.


4. El gobierno de México está atacando directamente a las organizaciones de la sociedad civil

En marzo de 2021, el presidente Obrador atacó abiertamente a la organización de la sociedad civil Artículo 19 luego de que publicaran un informe que exponía los ataques del gobierno contra periodistas y las violaciones estatales del derecho a la libertad de expresión. Artículo 19 ha documentado los ataques coordinados y la supresión de la crítica del gobierno contra defensores y defensoras de derechos humanos. En RightsCon, Martha Tudón de Artículo 19 explica que al hacer esto, el gobierno está “atacando no solo a las personas que los cuestionan, sino también a las personas que protegen a las personas que los cuestionan”, y agrega: “Derechos de autor, protección de datos, y otras leyes se utilizan para censurar información de interés público que incluye denuncias públicas de violencia estatal y corrupción”.

Los ataques estatales a la sociedad civil son extremadamente peligrosos. En su informe, Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, Amnistía Internacional explica que “la estigmatización puede tener el efecto de incitar a los simpatizantes del gobierno contra los defensores y defensoras, que de esta manera se ven expuestos a más riesgos, como agresiones físicas y homicidios, a manos de grupos armados progubernamentales o de otros agentes no estatales, por ejemplo”. Esta también es una táctica autoritaria. En Venezuela, las autoridades suelen atacar verbalmente a defensores y defensoras de derechos humanos con frecuencia. En Georgia, después de que 13 organizaciones de la sociedad civil emitieran una declaración sobre la corrupción estatal y exigieran una respuesta del gobierno, funcionarios gubernamentales de alto nivel lanzaron una campaña de desprestigio en medios de comunicación para difamar a quienes que exigían rendición de cuentas.

Cómo el mundo puede respaldar a la sociedad civil mexicana en la lucha por los derechos digitales

La solidaridad importa, y las organizaciones de México están pidiendo su apoyo a la comunidad internacional. Además de los problemas antes mencionados, los mexicanos y mexicanas enfrentan la corrupción gubernamental, las amenazas a la neutralidad de la red, la persecución de la población LGTBQ+ y el abuso de las leyes de derechos de autor para la censura de medios independientes que exigen al gobierno rendir cuentas.

Es fundamental que el gobierno de México retome la senda del respeto a los derechos humanos. Para que eso suceda, las leyes y políticas de México deben proteger a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil. En Access Now instamos a los organismos internacionales de derechos humanos, los medios de comunicación, las alianzas regionales y las figuras públicas a que presten atención a lo que está sucediendo en México y colaboren con los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

Para apoyar a la sociedad civil mexicana puedes:

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