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Tecnología de vigilancia en América Latina: hecha en el exterior, utilizada en casa

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Las herramientas usadas para identificarnos, individualizarnos y rastrearnos donde vayamos son inherentemente incompatibles con los derechos humanos y las libertades civiles. Lamentablemente, muchos gobiernos latinoamericanos están ansiosos por comprar esta tecnología y acelerar la implementación de la vigilancia biométrica masiva, incluso cuando el movimiento para prohibir la tecnología de vigilancia biométrica está ganando terreno en todo el mundo. Mientras tanto, las empresas que proveen esta tecnología están pasando inadvertidas, vendiendo tecnología de vigilancia que se despliega en toda América Latina sin la transparencia ni el escrutinio público suficientes. Nuestro último informe, Tecnología de vigilancia en América Latina: hecha en el exterior, utilizada en casa, expone las empresas detrás de estos productos peligrosos y las políticas y prácticas gubernamentales que perjudican los derechos de las personas.

Como destacamos en el informe, la mayor parte de la vigilancia biométrica desplegada en América Latina se adquiere directa o indirectamente de empresas de Asia (Israel, China y Japón), Europa (Reino Unido y Francia) y EE. UU. Entre ellas, se encuentran AnyVision, Hikvision, Dahua, Cellebrite, Huawei, ZTE, NEC, IDEMIA, y VERINT. Estas empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos; sin embargo, sus herramientas se ven frecuentemente implicadas en violaciones de derechos humanos perpetradas contra la sociedad civil a escala global: periodistas, activistas, defensores(as) de derechos humanos, abogados(as) y miembros de grupos oprimidos y afectados. 

América Latina cuenta con un extenso historial de persecución a disidencias y personas de comunidades marginalizadas, y las autoridades continúan abusando de su poder público. La pandemia de COVID-19 ha dado a los gobiernos una nueva excusa para desplegar herramientas de vigilancia peligrosas en nombre de la seguridad pública, aunque fallen en proteger los derechos humanos. En esencia, los acuerdos a puertas cerradas en países como Argentina, Brasil y Ecuador están exponiendo al público a riesgos inaceptables. 

Nuestro informe, una investigación llevada a cabo con la colaboración de nuestros socios de Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN), y LaLibre.net (Tecnologías Comunitarias), no solo documenta los acuerdos para la adquisición de esta tecnología peligrosa, sino que también presenta casos de estudio para mostrar cómo se despliega dicha tecnología. Finalmente, ofrecemos recomendaciones para los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas para incrementar la transparencia y evitar las violaciones a los derechos humanos. 


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A continuación compartimos una breve descripción de algunos de los casos de estudio, un análisis de la experimentación perjudicial para los derechos humanos en América Latina y recomendaciones para incrementar la transparencia y proteger los derechos de las personas.

Casos de estudio: la creciente infraestructura de vigilancia biométrica en Argentina, Brasil y Ecuador

En el 2011, Argentina introdujo una base de datos biométricos masiva llamada SIBIOS. Durante los últimos diez años, se ha convertido en la infraestructura de muchas tecnologías de vigilancia desplegadas tanto a escala nacional como local, desde globos de vigilancia en la ciudad autónoma de Buenos Aires hasta cámaras de reconocimiento facial en la provincia de Córdoba y cámaras térmicas en los principales aeropuertos.

En Brasil, tanto en el sector público como en el privado, se están usando tecnologías de vigilancia, y los argumentos para su uso son la seguridad pública, la detección de fraudes y el seguimiento de la asistencia escolar, entre otros. Estados de la región noreste y sudeste, dos de las regiones más pobladas del país, han promocionado intensamente el uso de tecnologías de reconocimiento facial como una medida para aumentar la seguridad pública, sin presentar pruebas que respalden esos argumentos. Los casos más preocupantes desde el punto de vista de la seguridad son los de tecnología de vigilancia “donada” a gobiernos locales por empresas privadas, que a veces se usan en el público como población de prueba.

En el 2010, Ecuador implementó el “Servicio Integrado de Seguridad ECU911”, que creó una infraestructura de vigilancia para las fuerzas del orden en todo el país con más de 6.600 cámaras, algunas de las cuales tienen integrada la tecnología de reconocimiento facial. En el 2019, nos enteramos de que el gobierno ha usado esa misma tecnología para espiar a rivales políticos y coaccionar a ciertas partes de la ciudadanía.

Por qué los gobiernos latinoamericanos están invirtiendo en programas de vigilancia generalizada

¿Por qué los gobiernos están adoptando tecnología de vigilancia biométrica sin prestar suficiente atención a los derechos fundamentales de las personas y a la amenaza que dicha vigilancia generalizada representa para la democracia? Como expone nuestro informe, las personalidades políticas están respondiendo a las altas tasas delictivas presentando una “solución” tecnológica, y muchos medios informan sobre este “progreso” con escaso sentido crítico, sin exigir pruebas de eficacia ni investigar sobre las protecciones de los derechos humanos. Cabe notar que las empresas están tan deseosas por hacer crecer el mercado y sacar provecho de esta dinámica para producir ganancias monetarias o políticas que, en ocasiones, donan los productos de manera gratuita. Cuando ni el gobierno ni el público entienden cómo funcionan realmente estas tecnologías, y la transparencia y la rendición de cuentas necesarias no se integran ni se aplican para proteger a las personas, se genera la receta perfecta para la expansión continua y el uso generalizado de estas tecnologías.

Cómo cambiar la dinámica: nuestras recomendaciones de cara al futuro

A continuación, presentamos una vista general de las recomendaciones en torno a la tecnología de vigilancia en América Latina, que se encuentran descriptas en detalle en nuestro informe.

Los gobiernos deben: 

  • Prohibir el uso de tecnología biométrica con fines de vigilancia masiva
  • Llevar adelante evaluaciones de impactos en derechos humanos antes de adquirir o desplegar la tecnología de vigilancia biométrica
  • Abstenerse de adquirir o desplegar la tecnología de empresas con malos antecedentes de derechos humanos
  • Ser transparentes y comunicativos y evitar el uso de la “seguridad pública” como excusa para mantener en la oscuridad a la ciudadanía, a periodistas y a la sociedad civil
  • Consultar frecuentemente a la sociedad civil sobre los posibles impactos dañinos de la tecnología de vigilancia
  • Ofrecer medidas correctivas a víctimas de abusos de derechos humanos provocados por la vigilancia 

Las empresas deben: 

  • Comprometerse a cumplir los estándares de transparencia, rendición de cuentas y observancia de los derechos humanos
  • Mejorar su comunicación cuando se les pida información sobre tecnología que tenga consecuencias en los derechos humanos
  • Implementar procedimientos sólidos de debida diligencia en materia de derechos humanos
  • Buscar información de manera proactiva y continua para entender y concientizarse sobre el impacto de sus tecnologías en los derechos humanos
  • Elaborar informes de transparencia

El público y los medios deberían:

  • Comprender y ayudar a crear consciencia sobre los peligros de las tecnologías de vigilancia biométrica
  • Cambiar la narrativa sobre la tecnología de vigilancia basada en el “solucionismo tecnológico” sin evidencia y exigir, de manera apropiada y escéptica, transparencia, pruebas de eficacia y el cumplimiento de las leyes y principios de derechos humanos
  • Seguir haciendo preguntas y exigiendo que las empresas y los gobiernos cumplan los principios de transparencia y rendición de cuentas y respeten y protejan los derechos humanos de las personas

Access Now agradece al Cyrus R. Vance Center for International Justice por su asistencia pro bono con la revisión legal de este informe.


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