A más de dos meses de la llegada del COVID-19 a América Latina, ya existen diversas respuestas de los gobiernos que buscan controlar no sólo la propagación del virus sino a sus propios ciudadanos/as a través de distintas tecnologías. Hoy, si bien muchos seguimos “en cuarentena”, se vislumbra, en las siguientes semanas, mayor flexibilidad en las medidas. Entonces ¿qué pasará con este control tecnológico que nos ha sido impuesto?
El COVID-19 en América Latina
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus entraba a su fase de pandemia. Los gobiernos de Asia y Europa, ya para ese entonces, veían con preocupación las cifras y el comportamiento del virus. En América Latina, todo estaba recién comenzando.
Esta región, a diferencia de otras, venía de atravesar momentos muy difíciles en un extraordinario 2019 con crisis económicas, migratorias, sociales y políticas. El coronavirus llegó a una región que estaba especialmente vulnerable para una pandemia. Por ello, ante la incertidumbre sobre un virus que no se puede ver ni tocar, los gobiernos de la región optaron por herramientas de control casi al mismo tiempo de la reacción inicial de salud pública. Se ordenaron cuarentenas, se habilitaron líneas de ayuda, se suspendieron actividades y de la noche a la mañana el gobierno empezó a acrecentar su control sobre la vida diaria de los ciudadanos.
Tipos de respuesta por parte de los gobiernos
Hemos visto una gran cantidad de respuestas con miras a lograr ese ansiado control. Muchas han incluido soluciones tecnológicas, siempre pensadas desde un optimismo exagerado por la tecnología, las cuales hemos revisado, y presentamos categorizadas de acuerdo a los objetivos que persiguen.
- Objetivo: mantener el distanciamiento social.
La proximidad de las personas se convirtió en un problema grave y los gobiernos dispusieron diversas medidas para evitar la aglomeración y/o el tránsito de personas. Sin embargo, no era posible optar por un control de forma personal pues implicaba poner en riesgo de contagio a los miembros de las fuerzas del orden. Es así que confiaron en tecnologías para monitorear el traslado de las personas y vigilar si se están cumpliendo las disposiciones del gobierno. Por ejemplo, en México y Río de Janeiro se utilizaron los datos de geolocalización de las empresas de telecomunicaciones, en Recife y Chile se empleó la información del GPS de las aplicaciones para teléfonos móviles, y en Río de Janeiro y Colombia la policía se valió de drones (asimismo hubo un intento de usarlos en Paraguay).
- Objetivo: Brindar y recolectar información información de las personas infectadas y/o posiblemente infectadas
El COVID-19 trajo consigo mucha incertidumbre al ser algo desconocido; por ello, los gobiernos una vez más tenían que estar en la posición de brindar información y conocer lo que sucede en el territorio. Se crearon varios canales de comunicación para difundir los mensajes oficiales, pero a la par se buscó obtener información de las personas mediante autoevaluaciones y canales de seguimiento personalizados. Es así que en la gran mayoría de países se optó por una aplicación, en el falso entendimiento que todas las personas poseen un celular capaz de ejecutar sus funcionalidades. Así, hemos visto aplicaciones de información y autoevaluación-seguimiento en México, Jalisco, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Chile, Cali, Colombia, Uruguay. Y aplicaciones que incluyen autoevaluación pero no información oficial en Perú, o sólo información oficial en Bolivia y Guatemala.
- Objetivo: Monitorear zonas de alto contagio
Una persona infectada con COVID-19 puede desarrollar síntomas de diversas formas, e inclusive puede no desarrollar síntomas. Esto implica que las personas circulen sin conocimiento de estar infectadas y se eleve el riesgo de contagio. En consecuencia, se volvió importante detectar, monitorear y conocer sobre aquellas personas infectadas y zonas donde hay más casos a fin de adoptar medidas especiales. Es así que una vez más se sirvieron de la geolocalización vía antenas de empresas de telecomunicaciones en Perú, y vía información del GPS de aplicaciones móviles en Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
- Objetivo: Detectar para aislar
Además del monitoreo, algunos gobiernos están empleando estrategias más específicas para poder detectar y aislar a quienes podrían estar infectados. Para ello, han escogido digitalizar la metodología de rastreo de contactos, utilizada tradicionalmente para conocer con quien tuvo contacto un infectado. Por ejemplo, en Jalisco el gobierno habría preferido utilizar el GPS mediante un sistema centralizado. Otras propuestas utilizan Bluetooth para establecer la proximidad de dos celulares y asumen que los usuarios de los celulares habrían estado en contacto. Colombia, Perú y Uruguay han anunciado el uso de esta tecnología. Mientras que lo dos primeros estarían desarrollando una propuesta propia, en Uruguay estarían empleando la API (interfaz de programación de aplicaciones) que fue puesta a disposición por Apple y Google. Tras el anuncio en Perú, enviamos una carta a las autoridades señalando las críticas a la efectividad de la tecnología y presentando nuestras recomendaciones sobre qué hacer y qué no, si persisten con la propuesta.
Cuestiones sobre la efectividad y los riesgos de las aplicaciones
Todas estas propuestas pueden sonar prometedoras en papel pero es necesario evaluar su efectividad y ver si cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad porque son injerencias a la privacidad.
Cuando hablamos de la efectividad debemos analizar el objetivo, la tecnología que pretende desarrollarse para conseguir esos fines y cuál es la realidad donde será implementada. Los objetivos antes listados pueden ser loables en un contexto de pandemia, sin embargo, no cualquier tecnología es de ayuda o los riesgos que implican no las justifican. Por ejemplo, las antenas de telecomunicaciones no son tan precisas para ubicar un celular, y el bluetooth tiene una larga lista de ejemplos de falsos positivos y negativos.
La realidad socioeconómica y del desarrollo de la infraestructura no es un componente que podemos obviar. América Latina no tiene una penetración de internet al 100%, y tampoco en el acceso a celulares de última generación. Es un error pensar que todos y todas tenemos un celular con internet, más aún en poblaciones de riesgo y vulnerables. Asimismo, otro componente importante es la brecha en la alfabetización digital que nuevamente es más pronunciada en poblaciones de riesgo y vulnerables. Las cifras varían en cada país.
Sólo teniendo en cuenta estas ideas, muchas de las propuestas debieron descartarse en la forma en la que fueron planteadas. No obstante, si aún quedan dudas, el análisis sobre su necesidad y proporcionalidad debería ayudar. Las soluciones intrusivas como el uso de GPS sin normas claras y exigibles para la protección de los datos personales (Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay), y la recolección y procesamiento de datos innecesario que vimos en México, Guatemala, Cali, son demasiado intrusivos y abren la posibilidad de registros inmensos que facilitan la vigilancia desmedida, inclusive post pandemia; por lo tanto, no son necesarias ni proporcionales.
Lamentablemente, estas soluciones de dudosa efectividad efectividad y que ponen en riesgo la privacidad se están implementando con poca transparencia y muchas inconsistencias. Hemos visto casos donde sin explicación la app desapareció (Guatemala), en los que hay descoordinación entre las soluciones planteadas (Perú), y una sociedad civil con muchas preguntas y pocas respuestas. Son escasos los ejemplos donde el gobierno reaccionó ante los cuestionamientos (Argentina). La falta de transparencia e inconsistencias merman la confianza de la población en un momento tan delicado como es esta pandemia.
¿Qué pasará cuando se empiecen a flexibilizar las restricciones a la movilidad?
Actualmente estamos viendo cierta flexibilización en las restricciones de movilidad. Sin embargo, dicha flexibilización no viene acompañada de un fin del “boom” del uso de las mencionadas tecnologías. “Volver a las calles” está trayendo nuevas excusas para implementar otras tecnologías y alimentar el optimismo por la tecnología.
Ya se está hablando en Puebla y Lima sobre la posibilidad de tecnologías que faciliten la interacción sin necesidad de proximidad (como el reconocimiento facial) pero que bien sabemos pueden ser utilizadas para vigilar el cumplimiento de las medidas del gobierno. Posiblemente, se adicionen características para detectar fiebre a distancia como en el caso del aeropuerto El Dorado. Además, ya se están proponiendo certificados digitales obligatorios de salud para que las personas puedan transitar en Tierra del Fuego, Chile y Colombia, que podría generar no sólo cuestiones en discriminación sino un registro de mobilidad y permisos de cada persona ligados a datos sensibles de salud.
El regreso a la normalidad va traer nuevos objetivos y propuestas de uso de diversas tecnologías. Por lo tanto, hacemos un llamado a que cuestionen dichas implementaciones desde la efectividad y el cumplimiento de principios de necesidad y proporcionalidad, sin dejar de lado la pregunta sobre quiénes son los que desarrollan y financian. Recuerde esta pandemia no puede legitimar el uso de las tecnologías de vigilancia.
Para concluir les dejamos nuestra guía de recomendaciones para la protección de la privacidad y los datos personales en la lucha contra el COVID-19.