Recientemente, tres congresos latinoamericanos presentaron iniciativas legislativas que buscan censurar el discurso político en Internet. Nuestro análisis muestra que estas propuestas no sólo resultan contrarias a la libre expresión sino que parecen elaboradas siguiendo una receta para la censura.
¿Qué está pasando?
El ambiente político político en América Latina se volvió tenso en los últimos meses. Se acercan procesos electorales y legisladores de distintos países presentaron proyectos de ley que pueden incidir negativamente en el desarrollo del discurso democrático. En ese escenario, el derecho a la libertad de expresión es uno de los más discutidos. Para unos es una garantía de participación y transparencia. Para muchos otros, la expresión sin controles es una amenaza para la opinión pública.
De esta manera, los congresos de Brasil, Paraguay y Venezuela están evaluando proyectos normativos que buscan retirar de las plataformas de Internet y hasta castigar penalmente expresiones consideradas dañinas o difamatorias. Ello, en contra de lo recomendado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que afirma que el rol de las plataformas de comunicación en Internet es el de crear un entorno en el que los derechos sean potenciados y no el de censurar contenidos en base a criterios vagos y ambiguos.
En Brasil, el peligro surgió durante el debate sobre su reforma electoral (PLC 110/2017). El inciso 6 del Artículo 57-B establecía que ante una denuncia de discurso de odio, “informaciones falsas” u “ofensas hacia un candidato” publicadas por un usuario anónimo, las plataformas de comunicación en Internet (como las redes sociales) tendrían que retirar la publicación hasta que el autor sea identificado.
Una iniciativa muy similar se propuso en el Congreso de Paraguay. En este caso se pide que la plataforma suspenda o elimine el contenido ofensivo o difamatorio hasta conocer al autor, sin necesidad de una orden judicial y sólo ante el reclamo del político damnificado. A la fecha, este Proyecto de Ley sigue en discusión.
En Venezuela se está discutiendo una futura Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. En ella se prohíben expresiones en Internet que sean consideradas intolerantes y de odio, y se castiga a las plataformas que las publiquen mediante el bloqueo. Para los autores de esas expresiones, se establecen penas de cárcel y sanciones civiles. Este proyecto de ley se encuentra en debate en la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez según la Asociación Espacio Público, no constituye un espacio legítimo para sancionar este tipo de leyes.
Una receta para la censura
Estas iniciativas legislativas parecen haber sido elaboradas siguiendo la misma fórmula. A continuación les presentamos la receta que los legisladores parecen haber seguido para proponer proyectos que tienen un único resultado posible: la censura del discurso legítimo y la libre participación política en Internet.
Ingredientes:
- Prohibición del anonimato: Los proyectos de ley de Brasil y Paraguay terminan por prohibir el discurso anónimo. Al hacerlo, se equivocan en hacer responsable al anonimato por expresiones que se consideran ofensivas o de odio. Debemos recordar que el anonimato no es un factor negativo para la libre expresión, sino todo lo contrario. Gracias al anonimato, voces que no son escuchadas o que serían silenciadas pueden salir a la luz. El anonimato es una capa de protección que tienen aquellas personas que quieren aportar a los diálogos democráticos y/o inclusive denunciar hechos delictivos para hacerlo sin miedo a represalias.
- Un lenguaje jurídico pobre: Cualquier limitación a un derecho humano debe estar redactada en una ley de tal manera que no se pueda prestar a interpretaciones arbitrarias. No obstante, en los casos analizados no existe un desarrollo del alcance de conceptos vagos y ambiguos como “ofensa”, “odio”, “intolerancia”, entre otros y su posible gradación. Ello no genera las suficientes garantías para el ejercicio del derecho de defensa y menos aún para un cumplimiento efectivo de principios básicos de legalidad.
- Un análisis jurídico sin necesidad ni proporcionalidad: Encontramos una falta de evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las medidas que limitan la libertad de expresión. La Coalizão Direitos na Rede de Brasil comenta que no se han evaluado salidas alternativas menos onerosas, situación que se repite en los otros dos casos. De la misma manera, nunca se mencionan las garantías de debido proceso. Finalmente, como señala TEDIC de Paraguay, la iniciativa legislativa en ese país desconoce que la difamación ya es tratada en el código penal paraguayo del país de una manera menos lesiva para la libertad de expresión.
- Nuevos personajes con poderes de jueces: Sólo bajo orden judicial se puede proceder a la limitación de la libertad de expresión. Ello es olvidado en los casos analizados y para agravar la situación, el poder de decisión propio de los jueces es transferido a las plataformas de comunicación en Internet (como Facebook y Twitter). Así, empresas comerciales adquieren un poder para el cual no sólo no están legitimadas, sino que tampoco están capacitadas para ejercer.
Elaboración:
Mezcle bien dos o más ingredientes a su gusto. Sirva en una Asamblea, Congreso, Parlamento o Senado de su preferencia. De ser aprobado, el resultado de censura a la participación política y la expresión democrática estará garantizado.
Debemos parar esto: corremos el riesgo de intoxicar nuestra democracia
El panorama actual es a la vez esperanzador y preocupante. En Brasil, el artículo que sanciona la difamación de candidatos fue vetado por el Presidente Temer gracias a la presión mediática y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como la Coalizão Direitos na Rede. Sin embargo, aún quedan en debate los casos de Venezuela y Paraguay.
En este último caso, la organización paraguaya TEDIC viene trabajando incansablemente; y junto con Access Now y otras 25 organizaciones de la región, presentó una carta al Congreso pidiendo que la versión paraguaya de la receta para censura sea rechazada.
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Crédito de la imagen de portada: “Chefs in an industrial kitchen 2” by State Library Victoria Collections is licensed under CC BY 2.0