https://www.accessnow.org:443/reporte-la-persecucion-de-la-comunidad-infosec-en-america-latina/

Reporte: La persecución de la comunidad Infosec en América Latina

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Pocas veces es destacada la importancia de la comunidad de seguridad de la información. Su trabajo de identificar e informar sobre vulnerabilidades o debilidades en las infraestructuras digitales, como internet, el código de software y los sistemas de información, nos beneficia a todas las personas al hacer que estos sistemas sean más seguros. A pesar del claro valor de su trabajo, los gobiernos de todo el mundo no solo desmerecen a los investigadores de seguridad de la información, sino que también los persiguen por encontrar e informar sobre vulnerabilidades. Nuestro último informe, La persecución de la comunidad de la seguridad informática en América Latina, tiene como objetivo concientizar sobre el entorno hostil al cual se somete a esta comunidad en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Colombia, Ecuador y México, y proponer soluciones para proteger esta importante actividad.

Durante los últimos años, los gobiernos han promulgado leyes sobre delitos informáticos que no eximen explícitamente de su alcance a las actividades relativas a la seguridad de la información, lo que genera una importante inseguridad jurídica y un grave riesgo para quienes integran la comunidad. 


Contenido del reporte

  • Destaca las leyes sobre delitos informáticos, propiedad intelectual y otras que ponen en riesgo a los investigadores de seguridad de la información.
  • Proporciona ejemplos de persecución a investigadores de seguridad digital, incluidos los casos de Javier Smaldone, Gaspar Ariel Ortmann, Juliana Peña, Ola Bini y Chris Vickery
  • Hace recomendaciones sobre reformas legales, administrativas y de políticas públicas para aumentar el apoyo y la protección del trabajo de la comunidad de seguridad informática en América Latina.

La investigación sobre seguridad de la información es una actividad fundamental para la protección de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, al descubrir los daños provocados por actores públicos y privados a través de softwares espía, malwares o la simple falta de diligencia en proteger los sistemas informáticos. En América Latina y en todo el mundo, los investigadores de seguridad de la información deben estar protegidos para mantener segura a la sociedad civil.

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