https://www.accessnow.org:443/mendoza-tecnologia-de-vigilancia/

Defensores de derechos fundamentales piden al gobierno de Mendoza que detenga la compra de tecnología de vigilancia masiva

El gobierno de la provincia de Mendoza en Argentina se reunió con la empresa china Huawei para adquirir tecnología de vigilancia masiva. Organizaciones de derechos digitales enviamos una carta al gobierno para que desista y genere un debate serio, abierto y participativo al respecto.

12 de Julio de 2018 (MENDOZA, ARGENTINA) — En abril, se conoció la noticia de que el gobernador de la provincia argentina de Mendoza Alfredo Cornejo se había reunido con el vicepresidente de ventas de la firma tecnológica china Huawei. El objeto de la reunión, según las crónicas periodísticas, giró en torno a la posible adquisición de tecnologías para la gestión del estado, en particular tecnologías de reconocimiento facial, geolocalización y big data para luchar contra la inseguridad.

Se prevé un proceso de licitación a fin de año para la adquisición de estos productos, similares a los ya utilizados en otras partes Argentina que también generaron controversias y preocupaciones. Entre ellos, encontramos las cámaras de vigilancia en el municipio de Tigre en Buenos Aires, los globos de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires y la “inteligencia artificial” usada en Salta para detectar embarazos adolescentes.

Pero a pesar del entusiasmo de los funcionarios mendocinos, hay graves cuestionamientos de forma y de fondo en la adquisición de tecnología de vigilancia masiva. Por eso, desde Access Now, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, la Fundación Vía Libre y Public Knowledge enviamos una carta al gobierno de Mendoza para pedir que se detengan las negociaciones y se abra el tema a un debate público con el tiempo correspondiente.

Un problema de forma y de fondo

En cuanto a la forma, sorprende que las reuniones y anunciadas licitaciones se hayan hecho sin aviso previo y sin dar oportunidad a un debate abierto, verdaderamente participativo y dado con el tiempo necesario para evaluar el impacto de las medidas de vigilancia masiva.

En esta misma línea, Agustín Rossi, director global de políticas públicas de la organización Public Knowledge expresa que “las acciones del gobierno de Mendoza pueden marcar tendencia en otras partes de Argentina. Es por eso crucial que antes de adoptar tecnologías de vigilancia y ciudades inteligentes, Mendoza haga los deberes y escuche la opinión de expertos y otras partes interesadas.”

“Tecnologías como esta ponen en peligro el derecho a la libre asociación y manifestación pública”, dice Javier Pallero, coordinador de políticas públicas para Latinoamérica en Access Now. “El despliegue de globos y drones de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires sin garantías ni protocolos claros de uso es un antecedente que las autoridades mendocinas deberían evitar.”

Respecto del fondo, es necesario abordar la compra de tecnología de vigilancia con un espíritu crítico ya que esta herramienta no garantiza por sí misma la mejora de la seguridad ciudadana.

De acuerdo a Beatriz Busaniche, de la fundación Via Libre: “Es preocupante esta tendencia a adoptar tecnologías biométricas tanto en Mendoza como en cualquier otro lugar del país por diversas razones. En primer lugar, porque avanzan sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía sin un análisis de proporcionalidad entre los objetivos propuestos y la medida adoptada para tales objetivos. Pero peor aún es el hecho de que está documentado con investigación en todo el mundo, en particular en Europa, donde estas tecnologías tienen una tasa de fallas y errores inaceptables, por lo que NO cumplen con sus objetivos.”

Es igualmente llamativa la intención de usar geolocalización de celulares como una regla y no como la excepción, lo que va a contramano de principios de derechos humanos relativos a la vigilancia y a tendencias mundiales que consideran a los datos de ubicación como información privada.

“Hay ciertas acciones que desarrollamos en espacios públicos que por el mero hecho de ser realizadas en ellos pueden no ser consideradas como una expresión para la exposición pública, sino que por el contrario pueden entrar en lo que entendemos como la esfera privada de la persona,” digo Leandro Ucciferri, investigador del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles. “Es sabido que las personas modifican su conducta cuando saben o tienen el presentimiento de estar siendo observadas.”

Una cuestión de equilibrios

El objetivo que perseguimos es convencer a los tomadores de decisiones de que este es un tema serio que debe equilibrar necesidades públicas (como la seguridad ciudadana) con derechos fundamentales (como la intimidad, la libertad de asociación, el derecho a manifestarse públicamente, etc.).

En primer lugar, es necesario evaluar la enorme inversión económica frente a la presunta efectividad de estas tecnologías. ¿Sirven realmente? ¿Qué razones fundadas en evidencia confiable existen para determinar eso?

En segundo lugar y más allá de su utilidad, estas tecnologías sacrifican un derecho (el de la privacidad) en pos de una presunta mejora en la seguridad ciudadana.

“Debemos analizar si estamos dispuestos a implementar estos sistemas y, en última instancia, los controles contra los abusos. A su vez, hay que analizar cómo se deben controlar estos mecanismos para evitar invasiones a la privacidad e impactos a los derechos fundamentales”, digo Mariana Fabiola Cantú, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

El derecho de los derechos humanos ofrece algunas respuestas al establecer  requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad; que son legalmente obligatorios y moralmente inevitables en discusiones como ésta. Y que deben evaluarse de manera abierta y participativa.

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