El 4 de Julio pasado, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta anunció la compra de globos aerostáticos de vigilancia con cámaras con capacidad de grabar en 360 grados, visión diurna y nocturna, video en tiempo real y capacidad de identificar y seguir objetivos por kilómetros. El potencial de esta tecnología para vulnerar la privacidad de millones de ciudadanos inocentes y la falta de controles generan preocupaciones que analizamos en este post.
Vigilancia en público: un tema de derechos
La vigilancia en espacios públicos es un tema preocupante. Muchos municipios y ciudades se jactan de la cantidad de cámaras de vigilancia que han instalado pero poco se habla de su poca utilidad y del peligro que esto representa para la intimidad de los ciudadanos. La tecnología de vigilancia es peligrosa porque afecta la intimidad de miles de ciudadanos honestos que cumplen con la ley. Por eso, para poder utilizarla legítimamente, el gobierno está obligado a considerar la protección de los derechos fundamentales y establecer mecanismos de control para su adquisición y utilización.
Respecto de la protección de derechos fundamentales, hay que tener en cuenta que la privacidad existe también en espacios públicos. El registro y seguimiento de las actividades que desarrollamos legalmente en las calles, plazas o patios puede constituir una violación al derecho a la intimidad. Utilizando imágenes e información de nuestros movimientos en público es posible determinar no sólo nuestra identidad sino también a dónde vamos, por cuánto tiempo, con quien nos encontramos y qué actividades desarrollamos juntos.
Imaginemos lo que podríamos conocer de una persona si pudiéramos saber sistemáticamente a qué iglesia va, si participa de un sindicato, cuántas veces por semana va a una sede política, si visita una clínica que realiza abortos, si se relaciona con una persona y cuánto tiempo pasa en cada lugar. Esta información, en manos del Estado, puede ser cruzada con más datos: información de transporte, de impuestos, etc. Si esta información cayera en malas manos (como hackers, empleados infieles, un gobierno opresor) podría usarse fácilmente para perjudicar a los ciudadanos.
Las cámaras de video pueden proporcionar pruebas para procesos judiciales sobre actividades ilícitas pero para que su uso sea legítimo, es necesario proteger los derechos de cientos de miles de ciudadanos que respetan la ley y que ven vulnerada su intimidad.
Para que la vigilancia sea legal y los riesgos para la intimidad disminuyan a un mínimo aceptable, hay que respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. En resumidas cuentas, se trata de determinar si es necesario vulnerar un derecho fundamental (como la intimidad) para lograr el objetivo que se persigue y de qué forma es posible hacerlo, asegurándonos de que no hay otras soluciones que dañen menos nuestros derechos.
Este y otros principios clave para la vigilancia pueden consultarse, en castellano, aquí. Los sistemas de vigilancia masivos, que controlan los movimientos de miles de personas inocentes sin distinción y que vigilan igualmente áreas públicas y privadas (como patios, terrazas, piletas de natación, etc.) resultan claramente desproporcionados.
¿Controlamos a la tecnología o la tecnología nos controla?: pidiendo información pública
Otro aspecto clave a tener en cuenta tiene que ver con los mecanismos de control de la tecnología y de las actividades de vigilancia. Argentina tiene muchos problemas en ese aspecto. La información es poca o inexistente y el anuncio del Jefe de Gobierno y la Ministra de Seguridad no contempla las preguntas fundamentales que tenemos que hacer. ¿Qué tecnología incluyen esos globos?, ¿cómo se compraron, por cuánto y a quién?, ¿cómo nos aseguramos de que no graben espacios privados como terrazas, patios o piletas?, ¿quién los operará?, ¿qué se hará con las grabaciones, cómo serán custodiadas y por cuánto tiempo se conservarán?.
Estas y otras preguntas generan preocupaciones legítimas. En Argentina, son comunes las “filtraciones” (en realidad, robos) de información de escuchas judiciales y cámaras de vigilancia que deberían estar protegidas por medidas de seguridad y protocolos de actuación estrictos. Sumar más información sobre ciudadanos con pocas o inexistentes medidas de control es una idea peligrosa. Más cuando se contemplan planes como servicios “en la nube” o la identificación biométrica (huellas digitales, iris, ADN) sin evaluar el impacto que esto tiene para la información sensible de los ciudadanos.
Por esta razón, Access Now junto al abogado activista Martín Pablo Silva Valent presentó un pedido de información pública para conocer más sobre los globos de vigilancia. En el pedido, reiteramos las preguntas que mostramos al principio y agregamos más preocupaciones. El pedido completo puede consultarse aquí.
La experiencia en Chile
Los globos aerostáticos para vigilancia no son nuevos en la región y en otras partes del mundo. En Afganistán, el ejército estadounidense los usó para vigilar a insurgentes en zonas de guerra. En Brasil, formaron parte de las medidas excepcionales de seguridad durante los juegos olímpicos, con problemas similares de falta de transparencia y desproporcionalidad.
El caso más cercano en el tiempo es el de Chile, donde se instalaron globos globos de vigilancia en dos municipios (Las Condes y Lo Barnechea) con capacidades técnicas aparentemente similares a las de los globos comprados en Buenos Aires. Organizaciones de la sociedad civil (Derechos Digitales y Datos Protegidos) alertaron sobre los riesgos de esta tecnología y el caso fue litigado en diversas instancias hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Chile. La Corte reconoció el peligro que representan para la privacidad y estableció unos estándares mínimos para que puedan funcionar: delimitar el espacio físico que puede ser grabado, inspecciones periódicas de lo registrado, la destrucción de las grabaciones que no resulten de utilidad tras un tiempo limitado y el derecho de acceso a las grabaciones por parte de cualquier ciudadano.
Los expertos chilenos dudan sobre la aplicación efectiva esos controles, por lo que el debate sigue en pie. En el caso de los globos en Buenos Aires, ni siquiera existen esos estándares mínimos.
El gobierno debe protegernos y cuidar nuestros derechos
La tecnología por sí misma no brinda soluciones mágicas. Es operada y custodiada por operadores privados o gobiernos que pueden cambiar. La tecnología puede caer en malas manos y puede utilizarse para proteger o perseguir. Sólo los principios de derechos fundamentales (uso limitado, legal, necesario y proporcional) y el control efectivo de la adquisición y uso de la tecnología pueden equilibrar la balanza a favor de los ciudadanos.
Esperamos una respuesta positiva y completa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a nuestro pedido de información. ¡Ayudanos difundiendo este mensaje para cuidar juntos nuestra seguridad y privacidad!