La iniciativa de ley para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada el 24 de abril en tiempo récord y sin deliberación pública por comisiones unidas del Senado de México, pese a contener disposiciones que podrían vulnerar derechos como la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información. La iniciativa fue avalada en menos de 24 horas tras su presentación, lo que encendió alertas entre organizaciones civiles, academia y empresas, tanto por el contenido del proyecto como por la forma en que se tramitó.
En respuesta a estas preocupaciones, Access Now y ARTICLE 19 han publicado un informe en el que se analizan las implicaciones del proyecto de ley para los derechos humanos y se ofrecen recomendaciones para adecuarlo a estándares de derechos humanos.
La propuesta responde a la reforma constitucional de 2024 que eliminó diversos órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, el Ejecutivo impulsó el proceso abruptamente después de que medios mexicanos transmitieran publicidad del gobierno de Estados Unidos con mensajes discriminatorios relacionados a temas migratorios.
Es indignante que el gobierno de EE.UU. difunda mensajes que amenazan y discriminan a personas migrantes, pero eso no debe desviar ni acelerar una discusión tan importante como la de una nueva ley que puede poner en riesgo la libertad de expresión y privacidad de las personasriscilla Ruiz Guillén, coordinadora legal del programa de derechos digitales en ARTICLE 19.
Uno de los puntos más preocupantes de la iniciativa es la concentración de funciones normativas, operativas y sancionadoras en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), por lo que la creación de mecanismos de contrapesos, transparencia y de responsabilidad contra abusos de autoridad deben ser implementados
En materia de libertad de expresión, aunque el titular de la ATDT anunció la intención de eliminar la facultad de bloquear plataformas digitales, el texto original aún incluye la posibilidad de permitir que autoridades de seguridad pública bloqueen señales de comunicación “en cumplimiento de sus atribuciones”.
La reforma también busca prohibir la difusión de cualquier contenido financiado por gobiernos o entidades extranjeras, salvo algunas excepciones. Esta medida podría censurar campañas informativas de salud pública, derechos humanos o cooperación internacional.
Adicionalmente la propuesta mantiene la obligación de conservar datos de comunicaciones durante 24 meses y propone crear un registro de usuarios móviles, reviviendo una medida similar al PANAUT, previamente declarado inconstitucional por vulnerar la privacidad y protección de datos personales.
Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones es una oportunidad de mejorar lo que estaba mal con la legislación antigua y crear un piso más justo. Esto no puede entenderse como moneda de cambio para pasar por encima de la privacidad y el acceso a informaciónAgneris Sampieri, analista de políticas públicas para América Latina en Access Now.
Access Now y ARTICLE 19 hacen un llamado al Congreso a revisar la propuesta en un proceso abierto y participativo que priorice los derechos fundamentales y promueva un ecosistema digital más justo e incluyente.