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Libertad de expresión en peligro en Honduras

Legisladores del Partido Nacional de Honduras (actual oficialismo) presentaron un proyecto de ley que puede poner en peligro la libertad de expresión en Internet en ese país.

Durante la primer semana de Febrero conocimos la novedad de la presentaci‡ón de un polémico proyecto de ley en Honduras, destinado a luchar contra el odio y la discriminación en línea. Pero detrás de las buenas intenciones, se esconden peligrosas disposiciones que están enfrentadas a estándares básicos de libertad de expresión y debido proceso judicial. Esto es particularmente preocupante por la delicada situación de los derechos humanos en Honduras y por recientes reportes de adquisición de tecnología para espionaje digital por parte del gobierno.

El proyecto de ley, en su Estado actual, obliga a cualquier servicio o página de Internet que incluya contenido generado por usuarios a procesar denuncias y remover contenido “de odio” o discriminatorio en un plazo perentorio de 24 horas. Si no lo hicieran, las empresas, medios y usuarios a cargo de esas plataformas pueden ser multados o bloqueados. Un nuevo borrador del proyecto también incluye la creación de un comité nacional de ciberseguridad para recibir denuncias y actuar en materias tan distintas como los delitos en Internet, el discruso de odio y las noticias falsas.

El problema con las soluciones sencillas

Estos temas (los delitos en internet, el discurso de odio, las noticias falsas y la discriminación en línea, entre otros) suscitan arduos debates en el mundo y, por lo tanto, requieren soluciones complejas y multiparticipativas. Hay un delicado equilibrio que preservar, donde están en juego el interés del Estado en perseguir los delitos, la calidad del debate democrático, la libertad de expresión y el desarrollo de Internet como tecnología para el crecimiento económico, social y cultural. Es por esta razón que las soluciones apresuradas y que establecen soluciones “fáciles” suelen traer problemas. El proyecto del diputado Marcos Paz Sabillón no es ajeno a esto.

En primer lugar, no debe darse a actores privados la potestad legal y obligatoria de decidir qué contenido es ilícito y eliminarlo. No importa de quien venga la denuncia. En una sociedad democrática, esa tarea corresponde a los jueces, quienes están preparados para aplicar el derecho y equilibrar los intereses en juego (por ejemplo, la libre expresión vs. el interés de una víctima de difamación). Esta tarea, es de por sí compleja ya para jueces, obviamente versados en derecho. Por lo tanto, ningún actor del sector privado debe ser obligado a decidir sobre los derechos de ciudadanos hondureños, quienes solo deberían estar sometidos a las decisiones de los tribunales de su constitución.

En segundo lugar, establecer sanciones de bloqueo para el caso en el que los intermediarios de Internet no cumplan con las obligaciones excesivas impuestas por el proyecto, es una medida peligrosa y desporporcionada. Bloquear una plataforma o medio de comunicación de usuarios por la mala conducta de unos pocos, castiga a una multitud de usuarios inocentes, quienes se verán privados de un medio de comunicación, en un acto de censura inaceptable. Elaboramos más sobre esta idea en nuestras publicaciones sobre el bloqueo de Whatsapp en Brasil en 2016.

Finalmente, la creación de un ente para la elaboración de una estrategia de ciberseguridad, es una política pública de radical importancia que debería contar con tiempo y participación plena. Los países que han elaborado estrategias de ciberseguridad más completas suelen tomarse su tiempo y hacer consultas públicas donde miembros del sector académico, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad téncica y el sector público comparten sus opiniones y ponen su conocimiento a disposición. Esto requiere acuerdos previos, reglas claras y un enfoque inclusivo para la protección de los derechos de la ciudadanía.

En este orden de ideas, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, criticó duramente el proyecto del gobierno.

¿Qué podemos hacer para ayudar?

El proyecto de ley será tratado esta semana en el Congreso Hondureño. Junto a organizaciones de derechos humanos y digitales de la región latinoamericana, hemos impulsado un comunicado conjunto exortando al oficialismo en Honduras a retirar este proyecto de ley y abrir un verdadero debate, abierto y multiparticipativo para encarar los desafíos que presenta la seguridad en línea. Ayúdenos compartiendo este posteo y la carta, que se encuentra en este enlace y cuya lista de firmantes está en constante actualización.

También puedes enviar un twit al Congreso Hondureño y decirle a los legisladores que no aprueben esta ley y que abran las iniciativas a participación de la comunidad.

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(Actualizando 8 de Febrero)

 

 

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