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Las personas migrantes en Latinoamérica están siendo vigiladas por sus gobiernos

Las personas migrantes en Latinoamérica están siendo vigiladas. Sus datos personales son recolectados y procesados sin que existan las regulaciones correspondientes que garanticen un nivel de protección adecuado, sumado a una serie de acuerdos de transferencias de datos entre países y organizaciones internacionales que no cuentan con transparencia suficiente.

Access Now, en conjunto con el programa TrustLaw de la Thomson Reuters Foundations, indagamos sobre esto y más en un nuevo reporte que explora la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

El derecho a migrar es un derecho humano. Sin embargo, en el reporte podemos identificar diferentes elementos que entorpecen el ejercicio de este derecho en la región.

La insuficiente regulación de la protección de los datos personales de las poblaciones migrantes, sumado a la creciente infraestructura tecnológica que habilita la vigilancia y la transferencia de información entre diferentes jurisdicciones, los pone en riesgo. Sumado a esto, sus recorridos se ven gravemente afectados por las condiciones precarias a las que se enfrentan durante todo el camino como junglas, desiertos, montañas y manglares, además de insuficiente acceso al agua potable y a alimento adecuado, y la existencia de grupos criminales y autoridades corruptas.

Las poblaciones migrantes, sobre todo las que se movilizan de forma irregular, son particularmente vulnerables. El reporte presenta una radiografía de la situación actual del marco normativo aplicable en los Estados señalados, y evidencia la ausencia de salvaguardias suficientes desde la dimensión institucional para la gestión de los datos personales de las personas migrantes. Los escenarios se agravan a partir de los mecanismos de vigilancia a los que son sometidos.

Latinoamérica tiene la oportunidad de posicionarse como una región que respeta los derechos fundamentales de las personas migrantes, su privacidad, y los datos personales de los millones de personas que habitan sus territorios. Esto incluye a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

La región debe avanzar en políticas coherentes y abandonar aquellas que se identifiquen en detrimento de poblaciones históricamente vulnerables. El reporte sirve como evidencia de esto, y supone una base para construir acciones de incidencia para llevar adelante en cada uno de los estados analizados.