Varias veces al año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa la situación de los derechos humanos de los estados miembros de la ONU a través de un proceso denominado Examen Periódico Universal (EPU). Desde el 2006, este proceso tiene como objetivo promover el respeto por los derechos humanos y responsabilizar a los Estados por sus obligaciones. Access Now a menudo se une a organizaciones de todo el mundo para escribir informes sobre los países, brindando una visión general del estado de los derechos digitales en los países y destacando cualquier desarrollo desde el ciclo anterior del EPU que afecte a los derechos en línea.
Bolivia es uno de los países que se está pasando por este proceso de revisión este año, y Access Now se unió a Fundación Internet Bolivia.org y Derechos Digitales, para informar sobre el estado de los derechos digitales en el país. Abordamos los intentos del gobierno por limitar o no atender los derechos digitales, enfocándonos específicamente en la protección de datos personales y la violencia de género en línea.
Desde la última revisión en 2014, los legisladores bolivianos intentaron presentar para debate en la Asamblea un proyecto de ley que habría frenado en gran medida la libertad de expresión en el país. El proyecto de ley se propuso en 2016 en respuesta a un referéndum que habría reformado la constitución de Bolivia para permitir que el presidente Evo Morales se repostule para un cuarto mandato. Después de que una mayoría (51,3%) votó en contra de la reforma, el gobierno culpó de la derrota a una campaña en línea de actores anónimos para desacreditar al presidente. Por lo tanto, los legisladores propusieron un proyecto de ley que prohibiría el anonimato en línea; sancionar la difamación en línea de ciudadanos privados o funcionarios públicos; y crear una oficina de gobierno específicamente para monitorear las redes sociales. Aunque el proyecto de ley no fue aprobado, es preocupante que aquella no fue la primera vez que el gobierno consideró regular las redes sociales para limitar la libertad de expresión.
Los periodistas también han enfrentado amenazas a su trabajo. En noviembre de 2018, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia expresó preocupación por los informes de vigilancia policial de la actividad en línea de los periodistas. Dicha vigilancia pone en riesgo a los periodistas y limita su capacidad para investigar e informar las noticias con libertad y precisión.
En términos de privacidad y protección de datos, un área de preocupación es la Ley de Ciudadanía Digital que se aprobó en julio de 2018. Esta ley permite la recopilación masiva de datos personales y les autoriza a las instituciones públicas – y las entidades privadas que proporcionan servicios públicos – para compartir datos e información sobre ciudadanos. La ley ofrece pocas garantías contra el uso indebido de estos datos por parte de los funcionarios públicos, y poca claridad con respecto a los mecanismos de denuncia de las personas afectadas.
También abordamos cuestiones relacionadas a género, como la disparidad en el acceso a internet y la violencia de género en línea. El continente americano es la única región con un mayor porcentaje de mujeres que hombres que utilizan internet; Bolivia, sin embargo, presenta un escenario inverso: el 43,5% de los hombres usan internet comparado con el 36,4% de las mujeres.
En términos de violencia de género, a pesar de los informes de la sociedad civil sobre los crecientes incidentes de acoso y amenazas en línea en las redes sociales, no existe una política pública sistemática encaminada a tratar la violencia en el escenario digital. Este tipo de violencia afecta a un gran porcentaje de mujeres, y el gobierno debe tomar medidas para enfrentarlo.
Recomendamos al gobierno boliviano lo siguiente:
- Cesar todas las formas de monitoreo y vigilancia en línea de las comunicaciones y actividades de periodistas;
- Asegurar que la implementación de las leyes destinadas a combatir la desinformación en línea no conlleve limitaciones a la libertad de expresión;
- Dictar una ley de protección de datos personales y asegurar el cumplimiento de la misma a través de la creación de una autoridad de control técnica e independiente;
- Limitar la recopilación y el uso de datos personales para la prestación de servicios públicos únicamente a aquellos que sean necesarios y proporcionales al objetivo legítimo perseguido;
- Reconocer a la violencia de género en línea como discriminación de género, así como revisar y fortalecer las leyes y políticas pertinentes;
- Crear organismos especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia digital;
- Promover la alfabetización digital y la inclusión de grupos marginados como poblaciones indígenas y mujeres;
- Garantizar que la implementación de ciberdelitos y normas sobre ciberseguridad no se usen como excusa para desconocer derechos humanos.
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