Carta abierta: El Banco Mundial y sus donantes deben proteger los derechos humanos en los sistemas de identificación digital

Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los individuos abajo firmantes, instamos al Banco Mundial y a otras organizaciones internacionales a tomar medidas inmediatas para poner fin a las actividades que promueven modelos dañinos de sistemas de identificación digital (digital ID).

Los firmantes de esta carta se encuentran en diferentes países, trabajan con diversas comunidades y aportan una amplia gama de experiencia. Entre este grupo, hay muchas preocupaciones compartidas y experiencias similares que documentan los impactos nocivos asociados con la identificación digital. Muchos sistemas nuevos o mejorados se desvinculan arbitrariamente del estatus legal, utilizan datos biométricos digitalizados y se basan en un modelo de “fuente única de verdad” en conjunción con múltiples servicios públicos y privados. Está ampliamente documentado que estos sistemas de identificación digital plantean preocupaciones de derechos humanos. Esto afectará a todas las personas y comunidades, y debería ser un asunto de gran interés público.

La creciente evidencia recopilada por organizaciones de la sociedad civil e investigadores y expertos independientes establece que los sistemas de identificación digital a menudo tienen un impacto perjudicial en los derechos humanos. Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York destacaron estos hallazgos en un informe reciente sobre cómo el Banco Mundial y su Iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D) apoyan y financian una agenda de desarrollo en torno a la identificación digital. Aunque ID4D ha mostrado su voluntad de comprometerse con la sociedad civil, este diálogo no ha dado lugar a cambios significativos en las políticas o en la práctica. De manera crítica, la evidencia convincente de países como la India y la República Dominicana no ha provocado ajustes en el enfoque del Banco para apoyar a los gobiernos nacionales que están construyendo o actualizando los sistemas de identificación digital. El Banco Mundial continúa financiando el despliegue de estos programas, como en Filipinas, con nuevos sistemas en el horizonte, como en México.

Tanto las organizaciones internacionales como los actores de la industria, junto con los gobiernos nacionales que los despliegan, están promoviendo la rápida proliferación de dichos sistemas, al tiempo que ignoran sistemáticamente la falta crónica de inversión en estudios de referencia basados en el contexto, en análisis de costo-beneficio que cubran los costos de los posibles daños a los derechos humanos, o en un proceso integral de diligencia debida en derechos humanos para incluir la evaluación de impacto. La sociedad civil y los expertos independientes tienen pocas oportunidades de plantear las críticas necesarias, diseñar salvaguardias adecuadas y proponer medios alternativos para resolver los desafíos. Esto ocurre en un momento en que muchos gobiernos están cerrando el espacio cívico y silenciando intencionalmente las voces críticas, tanto en línea como fuera de línea, y utilizando cada vez más la vigilancia digital como parte de un conjunto de herramientas represivas. Es por ende una grave preocupación que actores poderosos como el Banco Mundial, otras organizaciones internacionales, y compañías tecnológicas del sector privado apoyen la implementación de sistemas que causan vigilancia, exclusión y discriminación contra comunidades vulnerables y marginalizadas.

Con la finalidad de romper este ciclo dañino, hacemos un llamado al Banco Mundial y a sus donantes para que tomen las siguientes medidas:  

1. 1. Invitar y financiar una evaluación independiente y basada en derechos con respecto al papel del Banco Mundial en el apoyo a los sistemas de identificación digital a nivel mundial: Esta evaluación debe considerar no solo los productos, sino también los resultados en materia de derechos humanos. Esta evaluación podría realizarse a través de un mecanismo existente, como el Grupo de Evaluación Independiente (IEG), a través de una evaluación del programa financiada por un donante externo o mediante un proceso separado. Alentamos a que esta revisión considere el papel actual y potencial del Grupo de Inspección y los mecanismos judiciales y de otros tipos de supervisión y reparación disponibles para las comunidades afectadas negativamente. Esta debe ser una revisión basada en derechos que sea independiente, tenga recursos y esté facultada para hacer recomendaciones concretas. It must be inclusive and participatory, listening to both CSOs and affected populations. Los resultados de esta evaluación deben estar abiertos a consulta pública, y los resultados finales y el informe deben hacerse públicos y entregarse a los líderes del Banco Mundial en las reuniones de otoño de 2023 del Banco Mundial o antes, y debe existir un marco de rendición de cuentas concreto para garantizar que el Banco Mundial escuche estas recomendaciones y tome medidas para implementarlas. Deben adoptarse todas las medidas necesarias para evitar la identificación o la exposición ulterior de las personas afectadas a daños o represalias y para mantener su anonimato.
   2. Evaluar las evidencias existentes y poner fin a las actividades que aumentan el riesgo de violaciones de los derechos humanos: Es esencial que el asesoramiento, los diagnósticos, las inversiones y el apoyo técnico que ofrece el Banco Mundial tengan una base empírica sólida, en particular en lo que respecta al impacto de estos sistemas en los derechos humanos. Para respaldar esto, debería haber una moratoria temporal sobre el Banco Mundial en requerir o invertir en la implementación de sistemas de identificación nuevos o revisados, hasta que se lleve a cabo y se publique la revisión de la evidencia existente. Después de dicha revisión, los diagnósticos, los marcos ambientales y sociales y los marcos de adquisiciones utilizados para determinar los compromisos futuros deben centrar las obligaciones de derechos humanos, ya que los modelos actuales a menudo son compilados desde adentro y no abordan adecuadamente toda la gama de preocupaciones de derechos humanos. Para que estos marcos sean adecuados para su propósito, es necesario comprometerse críticamente con aspectos clave de los sistemas de identificación, por ejemplo, los sistemas basados en datos biométricos y de una sola fuente de verdad, particularmente cuando las protecciones de la privacidad son débiles o existe un mayor riesgo de exclusión.
   3. Exigir una mayor transparencia sobre las actividades del Banco Mundial en relación con la identificación digital: Esto incluye el asesoramiento, el apoyo y la financiación proporcionados a los gobiernos clientes. No está claro cómo los marcos normativos existentes, como los Principios sobre la Identificación para el Desarrollo Sostenible, son utilizados, qué mecanismos de aplicación existen para garantizar el cumplimiento y en qué circunstancias se trazan límites debido a riesgos relacionados con los derechos humanos o evidencia de violaciones reales. Las reglas de participación más claras no solo permitirán a la sociedad civil acceder a información sobre los procesos de toma de decisiones, sino que ayudarán a garantizar que el Banco no respalde ni legitime sistemas potencialmente dañinos. Por lo tanto, es esencial tener, en primer lugar, transparencia en la forma en que el Banco Mundial toma decisiones relacionadas con las recomendaciones y la financiación y, en segundo lugar, garantizar la rendición de cuentas por el cumplimiento de los derechos humanos en ese proceso de toma de decisiones.
   4. Crear oportunidades para un compromiso sostenido y de alto nivel con la sociedad civil y otros expertos: Dado el apoyo intersectorial que se brinda a los proyectos de identificación digital en todas las operaciones del Banco, estos espacios deben incluir a directores superiores del Banco Mundial, miembros del Consejo Asesor de Alto Nivel para la Iniciativa ID4D, así como donantes influyentes y una sección transversal diversa e intersectorial de actores de la sociedad civil. Las oportunidades de diálogo deben contar con la representación de las comunidades afectadas por la identificación digital, incluidas aquellas que tradicionalmente han sido excluidas de dichos espacios, y asignar tiempo y recursos suficientes para participar en un debate significativo.
   5. Aumentar la financiación y los recursos para estudios de referencia y análisis contextuales, estudios de costo-beneficio y evaluaciones independientes basadas en derechos: Con demasiada frecuencia, los efectos nocivos de los sistemas de identificación digital son el resultado de inversiones en sistemas que ignoran o explotan intencionalmente las dinámicas políticas, sociales y económicas. Se deben asignar fondos y recursos a las evaluaciones basadas en los derechos humanos, antes, durante y después del despliegue de sistemas nuevos o actualizados. Estos deben ser conducidos por expertos independientes, y no deben ser dirigidos o diseñados por ID4D u otros equipos dentro del Banco Mundial, dado su papel conflictivo como asesor y financiador de los gobiernos nacionales.

Estas recomendaciones se dirigen principalmente al Banco Mundial debido al importante e influyente papel que ha desempeñado en la promoción de los sistemas de identificación digital. Sin embargo, la mayoría de estas recomendaciones se aplican por igual a los organismos de las Naciones Unidas; fundaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Red Omidyar; donantes como el Reino Unido, Australia y Francia; y el sector privado. Todos estos actores han desempeñado un papel clave en la promoción de los sistemas de identificación digital y pueden hacer una contribución significativa al cambio.

Sin embargo, para que cualquiera de estos procesos funcione, deben tener consecuencias reales. Si bien las salvaguardias son necesarias, es posible que simplemente haya entornos en los que los riesgos para los derechos humanos sean demasiado altos, o en los que la formulación de políticas con base empírica, la participación de la sociedad civil, el estado de derecho y las evaluaciones basadas en los derechos simplemente no sean posibles. En tales casos, el Banco y otros financiadores deben prestar atención a la evidencia y negarse a respaldar sistemas de identificación digital nuevos o actualizados. Durante demasiado tiempo, se ha hecho hincapié en las promesas de desarrollo de los sistemas de identificación digital, pero ya es hora de tener en cuenta su enorme potencial de abuso y explotación.

Firmantes

Access Now

Amanda Hammar, Professor of African Studies, University of Copenhagen

Anna Aloys Henga – Legal and Human Rights Centre

Article 21 Trust

Arzak Khan Innovation For Change (I4C)

Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (TEDIC)

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Black Sash

Body & Data, Nepal

Centre for Financial Accountability India

comun.al, Laboratorio de resiliencia digital

Data4Revolution

Derechos Digitales

Digital Empowerment Foundation

Digital Rights Foundation

Digital Rights Nepal

Digital Welfare State and Human Rights Project, Center for Human Rights and Global Justice (NYU Law)

Dr Eve Hayes de Kalaf, Research Fellow, Institute of Commonwealth Studies, School of Advanced Study, University of London.

Dr Margie Cheesman, King’s College London

Foundation for Media Alternatives

Francesca Feruglio, International Network for Economic, Social and Cultural Rights

Global Data Justice Project, Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), Tilburg University

Haki na Sheria Initiative

Harry Sufehmi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)

Health Equity and Policy Initiative (HEAPI)

Initiative for Social and Economic Rights (ISER)

Internet Freedom Foundation

Jaap van der Straaten, CEO of the Civil Registration Centre for Development—CRC4D

Jake Okechukwu Effoduh, Chief Counsel, Africa-Canada AI & Data Innovation Consortium (ACADIC), York University

JCA-NET(Japan)

Jean Drèze, Visiting Professor, Department of Economics, Ranchi University

Joshua Wise

Kehinde Adegboyega, Human Rights Journalists Network Nigeria

Keren Weitzberg, Senior Lecturer, School of Politics and International Relations, Queen Mary University London

Marielle Debos, Associate Professor in Political Science, University of Paris Nanterre

Nachiket Udupa

Nanjala Nyabola, Independent writer and researcher

Nikhil Pahwa

Paradigm Initiative

Phil Booth, Coordinator, medConfidential (National Coordinator, NO2ID, 2004-2011)

Philip Alston, John Norton Pomeroy Professor of Law, New York University School of Law

Privacy International

Privacy Mode

Rajendran Narayanan, Assistant Professor, Azim Premji University

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

Reetika Khera, Professor (Economics), Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology Delhi

Resurj

Rethink Aadhaar

Ria Singh Sawhney, Lawyer and Researcher

Richard Banégas, Professor of Political Science at Sciences Po Paris, Co-Director of the Social Life of Identity Documents in Africa

Santosh Sigdel, Chairperson, Digital Rights Nepal

Shruti Trikanad, The Centre for Internet & Society

Silvia Masiero, Associate Professor, University of Oslo

SMEX

Sonal Raghuvanshi, Researcher, Centre for Financial Accountability

Spaces for Change

Srikanth Lakshmanan, CashlessConsumer

Srinivas Kodali

Statewatch

Suman Gupta, Professor of Literature and Cultural History, The Open University UK

Sunita Sheel, Heal, Ethics and Law Institute of FMES

Surveillance, Tech & Immigration Policing Project at the Immigrant Defense Project

Swati Narayan, Activist, Right to Food Campaign, India

Taiwan Association for Human Rights (TAHR)

Tarek Alghorani – Journalist & human rights defender

Tech for Good Asia

Temple University Institute for Law, Innovation & Technology (iLIT)

UBUNTEAM

Unwanted Witness

Usuarios Digitales

Vidhayak Trust, Pune, Maharashtra

Yasah Musa,The Nubian Rights Forum

Yesha Tshering Paul, The Centre for Internet and Society