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Bloqueo de aplicaciones en Argentina: un plan que se resiste a morir


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La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires intentó crear nuevos poderes para bloquear sitios web y aplicaciones pero expertos y usuarios lograron suspender el proyecto. El plan, lejos de ser abandonado, podría volver a ser presentado: analizamos por qué los bloqueos generales no son siempre la solución.

El proyecto de ley en Buenos Aires

A comienzos de Agosto, los legisladores de la ciudad de Buenos Aires Daniel Presti y Claudio Palmeyro presentaron un proyecto de ley para ampliar las facultades contravencionales que tienen los entes locales. Entre ellas, se intenta incorporar la facultad de ordenar el bloqueo de sitios web y aplicaciones enteras como medida preventiva sin orden judicial, dentro del ámbito de la ciudad.

El proyecto despertó reacciones en la comunidad local de Internet: sociedad civil, empresas, académicos y entes técnicos escribimos una carta a los legisladores donde describimos los problemas legales y técnicos del proyecto.

Los usuarios de Internet se expresaron a través de una petición que iniciamos en change.org que ya acumuló más de 20.000 firmas y medios de prensa recogieron la preocupación en varios reportajes a nivel nacional.

Finalmente, el tratamiento del proyecto fue suspendido pero aún no ha sido rechazado por completo. Tenemos serias preocupaciones de que vuelva a ser introducido con modificaciones que no solucionarán los graves problemas legales y técnicos que ocasiona.

Problemas legales del proyecto

Por un lado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires carece de las facultades jurisdiccionales para regular telecomunicaciones en lo respectivo a su provisión y tráfico interprovincial. En Argentina, esa materia es de jurisdicción federal y sólo el Congreso de la Nación podría regularla. Como veremos más adelante, es casi seguro que el intento de aplicar un bloqueo en el ámbito de la ciudad termine afectando a otras jurisdicciones (por ejemplo, a una provincia) lo que hace más claro el exceso en las facultades legislativas del caso.

Adicionalmente, el proyecto presenta problemas respecto de los principios de derechos humanos para la protección de la libertad de expresión (que está protegida en Internet de la misma forma que en otros ámbitos de la vida democrática). Cualquier limitación a la libre expresión debe establecerse en una ley de manera clara y precisa, algo que en el proyecto falta: no se entienden claramente los casos en los que se aplicaría. La medida es también excesiva, ya que habla del bloqueo de nombres de dominio y aplicaciones completas.

También es necesario que las restricciones a la libre expresión resulten necesarias y proporcionadas: la falta de claridad en los casos y el encuadre contravencional muestran claramente que una medida extrema como el bloqueo resulta excesiva.

Problemas técnicos de la propuesta

Existen también graves dificultades técnicas para bloquear el acceso a sitios web o aplicaciones en un área determinada. La arquitectura de las redes de provisión de servicio de internet hace muy difícil en términos prácticos y económicos aplicar bloqueos en una ciudad determinada, en especial porque se corre el riesgo de afectar a otras áreas y jurisdicciones. De manera similar, el bloqueo de nombres de dominio o de direcciones IP también puede ser problemático ya que, en muchas ocasiones, distintas páginas y aplicaciones compartes nombres y números en algunas de sus funciones: no podría castigarse a culpables sin la certeza de no afectar a inocentes.

Estas claras desproporciones chocan con la práctica en otros países. El bloqueo de nombres de dominio a nivel nacional se da en situaciones absolutamente excepcionales y aún en algunos de esos casos la necesidad, legalidad y objetivos de esas medidas resultan controvertidas. En la mayoría de los casos –a excepción de países con menos garantías para la libre expresión en internet como Rusia, Iran y China– el retiro de información de internet apunta a contenidos específicos y en el marco de un debido proceso jurisdiccional con las competencias y garantías necesarias.

La legislatura de la ciudad de Buenos Aires debe comprometerse a abandonar esta idea

Es claro que ordenar el bloqueo de una aplicación que no se adecue a normas locales o pedir la baja de un dominio parece una solución sencilla, pero no lo es. Muchas conductas delictivas en internet no se realizan utilizando una aplicación determinada sino en el ámbito de los servicios que todos utilizamos.

El bloqueo generalizado no es una solución proporcionada. Este tipo de respuestas ameritan planteos de inconstitucionalidad y serios problemas de implementación, lo que a posteriori disminuye su efectividad.

Es necesario mejorar otros mecanismos para la lucha contra los delitos en internet. Los organismos policiales y judiciales necesitan más capacitación y recursos para hacer su trabajo e identificar conductas y personas específicas para investigar. Algunas empresas de internet deben mejorar sus canales de comunicación con la justicia a nivel local basándose en un diálogo respetuoso de los derechos de los usuarios.

Necesitamos que los legisladores trabajen para lograr soluciones efectivas e inteligentes que no afecten los derechos de usuarios inocentes. Para eso, necesitamos que los legisladores de Buenos Aires Daniel Presti, Claudio Palmeyro y los presidentes de otros bloques se comprometan a abandonar proyectos de bloqueo y encontrar otras soluciones junto a la comunidad de Internet en Argentina.

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