En abril del 2021 Colombia entró en paro nacional. Cientos de miles de personas insatisfechas salieron a las calles para oponerse a una reforma tributaria del entonces presidente Iván Duque. Rápidamente, las protestas sufrieron cortes de luz y cableados de fibra óptica, daños a la infraestructura de comunicaciones y periodistas denunciaron el potencial uso de inhibidores de señales (signal jammers). Todo para limitar la comunicación entre protestas y reprimir, también, desde lo digital. Hasta la fecha el Estado permanece en silencio sobre cómo sucedió la inhibición.
Por esta razón en mayo del 2021 El Veinte, Fundación Karisma, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional de Colombia, que buscaba esclarecer si las autoridades estuvieron involucradas en tales interrupciones. Además, como respuesta de una invitación de la Corte, Access Now presentó una serie de comentarios y recomendaciones contempladas en la resolución.
Dos años después de los sucesos, el 20 de septiembre de 2023, la Corte Constitucional finalmente dio una resolución sobre las interrupciones de internet alegadas durante el paro nacional en Colombia.
Aunque todavía no tenemos responsables de las interrupciones, la Corte Constitucional determinó la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y resaltó la importancia de la garantía del acceso a internet y del deber estatal de no injerencia en el acceso a este servicio público por parte de toda la población. En el marco de las protestas, la falta de estas libertades también obstaculiza el derecho a la reunión y asociación, imposibilitando poner en público conocimiento lo ocurrido durante las protestas.
Por otra parte, la Corte también emitió una serie de órdenes concretas en materia de transparencia a diversas autoridades involucradas, entre estas se encuentran:
- Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (“MinTIC”) y el Ministerio de Defensa emitan, dentro de un plazo de 5 días, una respuesta pública sobre los cuestionamientos de la opinión pública frente a la interrupción del servicio de internet y el presunto uso de inhibidores de señal por parte de la Fuerza Pública, durante las jornadas de protesta social en la ciudad de Cali de 2021.
- Que el MinTIC, el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional del Espectro realicen una investigación y, que en un un plazo de 6 meses, determinen el alcance de los hechos denunciados, los presuntos responsables, las medidas adoptadas para evitar la repetición de los hechos, e informen los resultados a la opinión pública.
Para esta investigación la Corte brindó varias indicaciones, como valorar la dimensión de la afectación a la libertad de expresión, identificar los lapsos y lugares en los que se presentó la interrupción de la señal de internet y definir si el corte de energía y el robo de cableado explican la interrupción de internet en todos los lugares en los que se presentaron denuncias al respecto y quiénes fueron los responsables de la interrupción del suministro de energía eléctrica.
Además solicitaron establecer cuántos son los equipos inhibidores de señal que posee la fuerza pública, su alcance en términos de metros o kilómetros de distancia y si realmente fueron o no empleados en la ciudad de Cali durante las protestas y en qué lugares específicos y por cuánto tiempo.
Frente a lo delicado que resultan las interrupciones a los servicios de internet y la discrecionalidad con que pueden actuar las fuerzas públicas, la Corte también realizó una invitación al Congreso de Colombia para que regule la adquisición y uso de los dispositivos inhibidores de señal.
La resolución de la Corte Constitucional de Colombia representa un avance significativo en la protección de la libertad de expresión, de acceso a internet y sienta un antecedente clave, al aportar diversos criterios que resaltan la importancia de contar con autoridades que realicen informes pormenorizados sobre las afectaciones a los servicios de internet -y de comunicaciones- en contextos de protesta social; así como transparentar y regular el uso de inhibidores de señal, mismos que pueden ser fácilmente abusados por las autoridades gubernamentales que los adquieran.