En el año 2014, la brutalidad policial despiadada y la violencia extrema ejercidas por las pandillas obligaron a Óscar* a tomar una decisión que cambiaría su historia: meter toda su vida en una pequeña maleta y dejar atrás su natal El Salvador. Buscando escapar de un país cuya historia está plagada de violaciones a los derechos humanos, viajó hacia los Estados Unidos, esperando encontrar protección y paz.
Sin embargo, poco después de su llegada, las autoridades migratorias estadounidenses lo arrestaron. El Estado le negó la libertad bajo fianza, alegando que Óscar* tenía una alerta roja de INTERPOL y una orden de detención emitida por las autoridades salvadoreñas.
Todas las acusaciones contra él estaban plagadas de calumnias. Las acusaciones identificaban erróneamente a sus padres y los supuestos delitos por los que lo procesaban habían tenido lugar meses después de su salida de El Salvador. Aún así, Óscar* estuvo encarcelado durante dos años en prisiones estadounidenses, y aunque desde entonces ha demostrado su inocencia en múltiples ocasiones en procedimientos judiciales, su caso sigue sin resolverse casi una década después de haber iniciado.
Óscar* es uno de los miles de migrantes salvadoreños que han sido acusados falsamente de cometer delitos en su país de origen y al llegar a Estados Unidos, han sufrido obstáculos graves durante sus procesos migratorios.
En junio de 2023, desde Access Now y organizaciones aliadas como el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes y Cristosal, redactamos una denuncia presentada por la Clínica de Derechos Humanos Internacionales y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford, para presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por su acrónimo en inglés).
En ella pedimos que se investigue el uso que Estados Unidos hace de datos potencialmente erróneos provenientes de gobiernos extranjeros autoritarios en los procesos migratorios, así como para la ejecución de las leyes aplicables a estos casos. Al mismo tiempo solicitamos un estudio sobre el impacto de las prácticas del DHS sobre las personas solicitantes de asilo y otras categorías migratorias.
El DHS obtiene información de un número cada vez mayor de fuentes extranjeras, incluso a través de acuerdos de intercambio de datos con gobiernos que tienen un historial de violencia hacia su ciudadanía, como es el caso de El Salvador. Nuestra denuncia se centra en los acuerdos entre EE.UU. y El Salvador, destacando cómo estos han permitido que un flujo constante de información no corroborada ingrese a las bases de datos utilizadas en los procedimientos migratorios estadounidenses.
Una creciente violación de derechos humanos en El salvador
Durante décadas, el gobierno de El Salvador ha fracasado sistemáticamente al abordar la violencia de pandillas de una forma sostenible y significativa que al mismo tiempo salvaguarde los derechos humanos y la democracia. Por ejemplo, en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele exigió a la Asamblea Legislativa que promulgara un “Estado de Excepción” sin precedentes, como medida para controlar a las pandillas y a la delincuencia. Aunque el estado de excepción, supuestamente temporal, se autorizó inicialmente solo para 30 días, el gobierno lo ha prorrogado cada mes desde entonces. Bajo esta norma de emergencia, el Estado ha despojado a la ciudadanía de El Salvador de sus derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, el Estado de Excepción ha otorgado a la Policía Nacional potestades arrolladoras. La policía ha llegado a detener a personas basados meramente en prejuicios, como ser, su aspecto físico, como tener tatuajes. A su vez, cada vez más ingresan a personas como miembros de pandillas en bases de datos transnacionales, sin pruebas reales de que estas hayan cometido un delito.
Una de las personas que han vivido las consecuencias de estas irregularidades es Antonio*, quien trabajaba en una escuela de San Salvador y dirigía un negocio de alquiler de carros. Según Antonio, antes de que el gobierno impusiera el Estado de Excepción, agentes de la policía lo extorsionaron en repetidas ocasiones y amenazaron con confiscar sus vehículos; dos días después de que comenzara dicho estado de excepción, lo detuvieron sin previo aviso. Hoy, Antonio sigue detenido sin garantías procesales.
Hasta el 27 de marzo de 2023 –un año después de que comenzara el estado de excepción– Cristosal había recibido 3.275 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, el 98,5% de las cuales se referían a detenciones arbitrarias. Según el informe, a menudo se detiene a jóvenes de zonas con altos índices de delincuencia y pobreza basándose en criterios arbitrarios o sin ninguna prueba.
El Informe sobre Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos también identificó denuncias de abusos graves y generalizados de los derechos por parte de la Policía Nacional, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos de viviendas
¿Qué hace Estados Unidos al respecto?
Los migrantes provenientes de El Salvador que entran a Estados Unidos se encuentran atrapados en un sistema migratorio disfuncional. Durante años, Estados Unidos ha recabado información de las fuerzas de seguridad salvadoreñas a través de una serie de acuerdos y programas cuya colaboración se profundizó durante la anterior administración Trump.
Uno de los principales acuerdos que ambos países forjaron durante este tiempo fue el Acuerdo para el Programa de Intercambio de Datos Biométricos, que suscribió El Salvador para colaborar con el DHS estadounidense en el intercambio de datos biométricos y de identidad de su ciudadanía.
El objetivo principal de este intercambio era el de “verificar las identidades de los migrantes irregulares”, con especial énfasis en la identificación de aquellos que posiblemente hayan cometido actividades delictivas. La administración Biden ha mantenido estos acuerdos, continuando activamente con su aplicación.
En la actualidad, la policía y las agencias de seguridad salvadoreñas acumulan gran cantidad de datos sobre su ciudadanía, que posteriormente introducen en bases de datos o comparten directamente con las autoridades estadounidenses. Esta información se integra en una red de bases de datos interconectadas del gobierno estadounidense que abarca al DHS, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI.
A través de estas intrincadas redes, los funcionarios del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) acceden a esta información, ejerciendo influencia sobre las decisiones relacionadas con la migración, como las opciones de detención y deportación, sin ningún tipo de verificación. Incluso el DHS ha admitido que no puede corroborar la calidad de los datos de una de sus bases de datos y que no existe ninguna medida paliativa en el panorama.
Esto afecta a migrantes como Melissa*, una mujer que se enfrentó al implacable acoso de las pandillas en El Salvador antes de buscar refugio en EE.UU. Melissa salió del país por una orden de detención vinculada a cargos falsos relacionados a una disputa entre vecinos. Posteriormente, estos cargos aparecieron en una base de datos del FBI. A pesar de carecer de pruebas, ICE mantuvo en sus procedimientos migratorios que su detención estaba relacionada con pandillas. También desestimó el acoso que había vivido al ser presuntamente parte de un rito de “iniciación” a estos mismos grupos delictivos.
A lo largo de toda la cadena de intercambio de datos, hay docenas de formas en que la información puede ser incorrecta. Aun así, el DHS sigue utilizando esta información sin cuestionarla.
Ponerle fin a estos acuerdos
Teniendo en cuenta los riesgos de la información sensible que se comparte, exigimos que el DHS emprenda varias acciones clave,. Esto incluye suspender los acuerdos bilaterales específicos de intercambio de datos con El Salvador e introducir restricciones para impedir que el DHS utilice datos proveniente de gobiernos que tienen un historial de violaciones a los derechos humanos para obtener información relevante para las decisiones o para la aplicación de las leyes de migración.
El DHS está obligado a proporcionar pruebas externas, órdenes judiciales y documentación sobre las alegaciones que utilizan para acusar a las personas migrantes, al mismo tiempo que deben darle la oportunidad a estas personas para rebatir tales afirmaciones durante sus audiencias migratorias. Los cambios que recomendamos tienen el potencial no sólo de rectificar las deficiencias actuales, sino también de garantizar la integridad de los procesos migratorios en el futuro.
Lea la denuncia completa y nuestro comunicado de prensa.
*Todos los nombres utilizados en esta publicación son seudónimos