A la fecha no hay ninguna prueba de que la vigilancia masiva mejore la seguridad pública. Lo que sí sabemos es que las herramientas usadas para identificarnos, individualizarnos y rastrearnos donde vayamos son inherentemente incompatibles con los derechos humanos y las libertades civiles.
En América Latina las empresas que proveen este tipo de tecnología están pasando inadvertidas, pues los acuerdos con los gobiernos carecen de la transparencia y el escrutinio público suficientes. Hemos intentado contactar en distintos momentos con varias de estas empresas, pero su respuesta hasta ahora ha sido nula o genérica.
La privacidad es un derecho irrenunciable. Únete a la campaña para exigir respuestas a las empresas sobre #PorQuéNosVigilan.
